Desayuno de trabajo 25-04-2018

Perspectivas de la Economía Argentina

Expositores: Mercedes Marcó del Pont y Sebastián Soler

“Esta etapa del capitalismo financiero se caracteriza por una fenomenal avanzada en varios frentes al mismo tiempo: conceptual, ideológico y subjetivo”.

El desayuno de FIDE estuvo dedicado al análisis conceptual de la actual etapa del capitalismo, caracterizada por la globalización financiera. “Los frentes de ataque que el neoliberalismo utiliza para socavar el rol del Estado de bienestar en las economías industrializadas, lamentablemente, no representa mayor novedad en la región”, explicó Mercedes Marcó del Pont, Presidenta de FIDE. “Se trata de un conjunto de políticas en que nuestro país funcionó como conejillo de indias, a mediados de la década del `70”.
Las batallas ideológicas se combinan con la fuerza arrolladora de la integración comercial y, fundamentalmente, financiera. “A este combo se le suma una arista muy interesante para tener en cuenta en el análisis del caso argentino, referida a la confusión que ex profeso plantean los neoliberales respecto al financiamiento de las políticas públicas —dijo Marcó del Pont—. Los ejemplos son variados pero el resultado es el mismo: las funciones esenciales del estado de bienestar, que fueron las que explicaron los “años dorados del capitalismo”, ahora son presa de la iniciativa privada que se inserta en algunos de estos sectores, capturando un excedente aun cuando el financiamiento sigue siendo del sector público. Basta pensar en la experiencia de los fondos privados de pensión, o en las propuestas de reformas en materia de educación y de salud”.
“Los datos son contundentes, la mejores tasas de crecimiento en el mundo desarrollado se dieron en un momento de la historia donde el nivel de la regulación económica era mucho más elevado. Eran tiempos definidos por la ortodoxia como de represión financiera”, declaró Marcó del Pont. Los datos para el caso argentino, presentados en el desayuno, muestran una dinámica parecida. “Las tasas de crecimiento promedio antes de la liberalización financiera que se pone en marcha a partir del golpe de estado del `76 y durante la convertibilidad fueron mucho menores que las observadas durante el proceso de sustitución de importaciones y en la experiencia, más adelante, de recuperación de la producción nacional y el empleo que llevó adelante el kirchnerismo”, decía Marcó del Pont.
Las posibilidades de desarrollo para una economía como la Argentina son dificultosas en el contexto del capitalismo actual. “La globalización financiera empeora aún más esas chances, con una lógica perversa y prototípica de los gobiernos de derecha que avanzan en la reducción de los impuestos al capital, como condición necesaria para estimular la inversión —explicaba Marcó del Pont— lo que inmediatamente produce un desfinanciamiento del Estado que, en estas circunstancias, se ve obligado a incrementar su nivel de endeudamiento y de sujeción a las políticas de reforma de segunda o tercera generación que, como ya explicamos, son nuevos golpes al Estado de bienestar y a la posibilidad de desarrollo”.
Provocativamente, Marcó del Pont dijo: “Es interesante tomar nota de que, durante los primeros dos años de gestión del gobierno de Macri, y contrariamente a lo que generalmente se escucha en el discurso de la propia oposición, la cantidad de beneficiarios de planes sociales y jubilaciones aumentó. Esto explica la relativa estabilidad en el apoyo al Gobierno entre las personas más humildes. En total, se trata de 1.8 millones de personas más que, por la vía de asignaciones familiares, AUH y jubilaciones, perciben un ingreso que antes no tenían”. Sin embargo, se trata de ingresos cuyo poder de compra real ha venido decreciendo por el efecto combinado de las iniciativas de contención del gasto implementadas por el Gobierno y la inflación.
“Nuestra proyección de crecimiento para el 2018 está en torno al 2%. Se trata de una cifra similar a la que recientemente publicó el FMI. Sin embargo, nuestro diagnóstico es diametralmente opuesto al del organismo: mientras que durante el año pasado la recuperación en el nivel de actividad estuvo explicada por el incremento del consumo (como consecuencia de la recuperación del salario) y por la inversión pública, este año esos dos factores estarán negativamente afectados por las políticas de ajuste fiscal, el techo a las paritarias y el impacto del aumento de las tarifas”, dijo Marcó del Pont.
En la segunda parte del desayuno el Dr. Sebastián Soler expuso sobre la nueva demanda de fondos buitres que la Argentina deberá encarar. “En enero de este año, Draw Capital Partners, LLC demandó a la Argentina en el Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York para reclamar US$ 350 millones en concepto de intereses punitorios, en nombre propio y de los demás tenedores potencialmente afectados de los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010”, explicó Soler. “El importe se justifica en la demora de pago de los intereses de dichos bonos que se produjo entre junio de 2014, cuando quedó firme la orden del juez Griesa que impidió pagarlos, y abril de 2016, cuando el mismo juez levantó esa orden, tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Macri y los fondos buitre”.
“El reclamo se basa en una cláusula del contrato que rige los bonos de los canjes —afirmó Soler— aunque los términos contractuales específicos de las distintas series de bonos regidas por la ley de Nueva York no parecen haber especificado una tasa de interés punitorio. El fondo en cuestión, sin embargo, alega que, bajo la ley de Nueva York aplicable a estos bonos, esa omisión implica que debe pagarse, supletoriamente, la tasa punitoria general del 9% que establece dicha legislación”.
Además de los US$ 350 millones por intereses punitorios, el fondo DCP reclama otros US$ 300 millones en daños, alegando que la Argentina actuó con “malicia y desinterés doloso” respecto de los derechos de propiedad de los demandantes. “Será interesante ver la defensa del Gobierno argentino que, hasta ahora, no ha hecho pública su posición —dice Soler—. “Esperemos que utilice los elementos que la letra de los títulos reestructurados pone a su disposición para negarse al pago si no se cumplen determinadas condiciones, como el 25% del total de tenedores de las emisiones. De lo contrario, lo que el Gobierno de Macri ha hecho hasta aquí es dejar pasar el tiempo, que en estos casos es una estrategia extremadamente onerosa”, concluyó Soler.

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