INFORME ECONÓMICO MENSUAL

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Informe del mes de noviembre de 2018

(Tiempo estimado: 2 - 4 minutos)

Sumario

Transcurridos cuatro meses desde que se firmó el acuerdo stand by entre la Argentina y el FMI, el Directorio del organismo aprobó una revisión del programa que amplía el monto del crédito original en 6.300 millones de dólares (total: 56.300 millones de dólares) y modifica el cronograma de desembolsos, habilitando al Gobierno a acceder hasta finales de 2019 a prácticamente el 90% del total de los fondos. La apuesta de este respaldo es cubrir los vencimientos de la deuda, despejar el fantasma del default y recrear la confianza de los “mercados” para volver a acceder al crédito privado. Todo el andamiaje gira, una vez más, en recuperar la credibilidad de los inversores financieros. La realidad, sin embargo, es que los dólares que nos presta el FMI no alcanzan para cubrir el desequilibrio externo y la fuga de capitales. Preocupa la ausencia de una mínima capacidad crítica para advertir el riesgo de esta estrategia, que hasta ahora no acumula ninguna victoria. Peor aún, la opción por la integración financiera y comercial pasiva se presenta ciertamente inconsistente con un escenario internacional cada vez más adverso para las economías subdesarrolladas. El mismo FMI plantea que, a nivel global,  no son buenas las señales en materia de flujos financieros y términos del intercambio.

Los datos del BCRA indican que, a pesar de los atractivos rendimientos que ofrece la Argentina, los capitales externos de corto plazo siguen saliendo, la dolarización de ahorros doméstica, si bien se desaceleró, continúa siendo la principal fuente de demanda de dólares y la devaluación y la recesión redujeron las importaciones, pero las exportaciones no repuntan. El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, por su parte, ensombrece las perspectivas de un debilitado Proyecto Mercosur.

En el memorándum elaborado por los funcionarios del FMI se reconoce que el deterioro en la mayoría de los indicadores económicos superó no ya sus proyecciones originales, sino también las hipótesis de su escenario más adverso. Estiman una caída del 2,8% del PIB para este año y una inflación del 44% (frente a estimaciones previas de 0,4% y 27%, respectivamente). La erosión de los ingresos reales provocada por la aceleración inflacionaria explica la caída de casi el 10% que se proyecta para el consumo privado. Cabe destacar el retroceso del 7% que se prevé para la inversión, reflejando un hundimiento fuerte en el segundo semestre, explicado de manera relevante por el recorte en la inversión pública. De acuerdo con las proyecciones del FMI, el proceso recesivo se prolongará durante el 2019, estimando una caída del 1,7%, sensiblemente superior a la hipótesis oficial del -0,5 % presentada en el Proyecto de Presupuesto Nacional.

En materia inflacionaria el staff del FMI comparte el optimismo de la conducción económica, planteando una confluencia hacia niveles en torno al 20% hacia fines del año próximo. Confían en que la “moderación” de los aumentos salariales, la recesión y la estabilidad cambiaria habilitarían tal tendencia. Ese derrotero, sin embargo, vuelve a entrar en contradicción con su reforzado reclamo por la libre flotación cambiaria, que se traduce en un condicionamiento estricto sobre las intervenciones del BCRA en el mercado cambiario de contado y de futuros, al que el nuevo acuerdo suma también una limitación a las ventas del Tesoro a través de los bancos oficiales.

Desde nuestro punto de vista, no hay razones para pensar que la actual tranquilidad cambiaria –an-clada en las súper tasas de interés y un horizonte de importantes desembolsos del FMI hasta marzo próximo– pueda prolongarse en el tiempo. El actual programa monetario está recreando una nueva burbuja en torno a las LELIQ y los plazos fijos con elevada potencialidad desestabilizadora. Genera, en efecto, elevados excedentes financieros pasibles de dolarizarse y reactivar nuevas presiones cambiarias. Este escenario se torna más verosímil en el marco de un año electoral que, previsiblemente, transcurrirá en un contexto de deterioro en los indicadores de actividad económica y solvencia externa, combinados con una creciente conflictividad social.

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