INFORME ECONÓMICO MENSUAL

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Informe del mes de julio de 2019

(Tiempo estimado: 2 - 4 minutos)

Sumario

Lidiar con las tensiones cambiarias que se acentuarán en las próximas semanas constituye el desafío central para la política económica. A esos efectos, el Gobierno ya dispone del aval del FMI para vender reservas internacionales y así evitar “movimientos disruptivos” del tipo de cambio. De acuerdo a los datos oficiales, ya en mayo el Tesoro fue el principal oferente de divisas en el mercado de cambios. Con bajas expectativas de devaluación de muy corto plazo, el BCRA aprovechó para reducir la tasa de interés armándose de un colchón para encarecerlas si se acelera la fuga. También amplió, a través de la compra de contratos a futuro, su capacidad para intervenir en ese mercado.    

Retener los plazos fijos en pesos –que equivalen a 28.500 millones de dólares– dentro del sistema es una de las prioridades de la autoridad monetaria. Esta circunstancia explica su decisión de reducir los encajes sobre esos depósitos con el fin de evitar que los bancos reduzcan las tasas que ofrecen a los depositantes. Altos rendimientos para los ahorristas y altas tasas activas para los tomadores de crédito es una combinación necesaria para evitar una salida de los depósitos hacia el dólar, promover el carry trade y mantener la elevada desdolarización de carteras por parte de empresas y personas. En los primeros cinco meses del año la desdolarización fue la segunda fuente de oferta de dólares (23,9 mil millones), después del endeudamiento externo (32,9 mil millones). En el tercer lugar aparece la liquidación de exportaciones (21,7 mil millones).

En consecuencia, las últimas palabras a la hora de garantizar la pax cambiaria en la etapa pre electoral la tendrán las decisiones de dolarización y desdolarización de carteras de los propios argentinos. La desregulación plena del mercado de cambios condiciona el accionar del BCRA, más allá de los mayores resquicios adquiridos para intervenir en el mercado de cambios spot y futuro. Si el temor “político” se generaliza, las presiones cambiarias pueden tornarse intensas. Frente a un escenario de esa naturaleza, la palabra final la tendrá el FMI: se trata de habilitar el uso indiscriminado de las reservas para financiar la fuga. Una decisión de esa naturaleza supondría postergar, ampliadas, las condiciones de la crisis que heredará el próximo Gobierno.

Por el lado de la economía real, la apuesta del oficialismo es más modesta. Utilizar la apreciación del tipo de cambio como ancla de la inflación y, por esta vía, detener la caída del consumo interno para alcanzar en el segundo semestre un cambio de signo en los indicadores de actividad.  La mera comparación estadística con un segundo semestre muy negativo facilita ese sendero. De allí a augurar una recuperación sostenible de la economía real hay un trecho. 

El Gobierno dispone de poco espacio para reeditar la estrategia de 2017, cuando en la etapa pre-electoral impulsó una serie de medidas anti cíclicas. Y esos límites se enmarcan en una situación de mayor debilidad de la demanda agregada. En primer lugar, la masa salarial está mucho más comprometida que entonces: el salario registra uno de los períodos más largos de pérdida en su capacidad de compra, mientras que la desocupación y subocupación es casi tres puntos superior. La inversión viene cayendo notablemente y el gasto público primario está encorsetado por la política de déficit cero acordada con el FMI. Las exportaciones, por su parte, continúan condicionadas por un contexto global y regional adverso.


No parece haber demasiados resquicios para que la economía real se recupere de manera equilibrada y sostenida en el marco del régimen macroeconómico vigente. Desmontar el fabuloso andamiaje de valorización financiera sobre el que orbita todo el resto de la economía constituye una condición necesaria para volver a desplazar el eje de la acumulación hacia la producción y el trabajo. 

 

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