Informe octubre de 2016

Sumario

Los datos económicos publicados hasta la fecha no son consistentes con la hipótesis que supone que la recesión ya ha quedado superada. Si bien existen señales aisladas que indican que en algunos sectores la caída podría haber alcanzado un piso, resulta prematuro aventurar que la economía argentina ingresó en una fase de recuperación.

Hasta el momento se advierte que la caída en los niveles de actividad económica (-5,9% en julio) y el aumento del desempleo han provocado, en un contexto de elevada inflación, un deterioro en las condiciones sociales. Esta última circunstancia quedó reflejada en los datos oficiales sobre pobreza correspondientes al segundo trimestre, que muestran un aumento importante en la cantidad de personas pobres, situación que involucra a casi la tercera parte de la población.

En relación a la marcha de la actividad productiva la información oficial pone de manifiesto que la industria y la construcción registraron en agosto caídas del -5,7% y -3,7% respectivamente.

En este contexto, la proyección oficial de crecimiento del 3,5% para el año que viene continúa en el terreno de las esperanzas. La reactivación de la obra pública constituye un componente importante de la estrategia oficial. Esta variable es, junto con los intereses de la deuda pública, el componente del gasto que crecería muy por encima de la inflación proyectada. Sin embargo, los impactos dinámicos de la inversión estatal, que de acuerdo a las proyecciones oficiales llegaría al 1,84% del PIB (por debajo del 2,5 del año pasado), resultan insuficientes si no se recuperan las otras componentes de la demanda agregada.

La apuesta del Gobierno a que la inversión privada sea la variable que reimpulse el crecimiento económico hasta ahora no ha dado resultados. Las propias proyecciones oficiales indican que la inversión sería el componente de la demanda con mayor caída en 2016. Si no aparecen señales firmes que indiquen el ingreso en una fase sostenida de recomposición de la demanda efectiva, difícilmente la formación de capital tome la delantera.

Por su parte, la situación internacional tampoco parece consistente con la estrategia oficial basada en el liderazgo de las exportaciones. Continúan predominando fuertes desequilibrios globales, en un contexto de desaceleración del comercio y del producto mundial (la OMC acaba de rebajar nuevamente sus proyecciones de crecimiento). En ese escenario, la mayor apertura comercial desplegada por el Gobierno hace prever que persistirá la contribución negativa de las exportaciones al crecimiento del PIB.

Hasta el momento la estrategia oficial ha descansado en el endeudamiento en moneda extranjera. Estos pasivos aumentaron en alrededor de 8 puntos del PIB en lo que va del año. Ello le ha permitido financiar los crecientes desequilibrios gemelos y mantener relativamente planchado el tipo de cambio. La apuesta del Gobierno es que se mantenga esta lógica en 2017. Pero tal posibilidad dependerá en gran medida de lo que ocurra con los movimientos de liquidez a nivel global. La economía argentina se encuentra más indefensa de lo que estaba en años anteriores para lidiar con los riesgos y tensiones que sobrevuelan el escenario internacional. El BCRA ha reducido su arsenal de instrumentos para enfrentar un cambio en las condiciones de liquidez internacional.

Pero aunque no se verificara un shock externo que afecte el canal  financiero, la sostenibilidad del sector externo también se encuentra condicionada por la persistencia del proceso de dolarización de activos, que se ha profundizado en los últimos meses. Hasta agosto, por ese canal se fugaron casi 10.000 millones de dólares en términos netos.

La agenda del Gobierno debería tomar en cuenta estos frentes latentes de vulnerabilidad externa, que se suman a la creciente conflictividad social y a los límites que impone su estrategia para retomar un sendero de crecimiento sostenible y equilibrado, social y productivamente. Las condiciones internacionales poco favorables tornan más evidente la necesidad de sostener el dinamismo del mercado interno y ello requiere, entre otras cosas, el despliegue de políticas de ingresos dirigidas a recomponer la masa salarial y atender la situación de los sectores sociales más vulnerables.

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