Informe del mes de septiembre de 2019

(Tiempo estimado: 2 - 4 minutos)

Sumario

Tardíamente el Gobierno tomó nota de que los dólares no alcanzan para hacer frente al desequilibrio de la cuenta corriente, los abultados servicios de la deuda pública y la creciente fuga de capitales. Ante esa realidad optó, con el aval del FMI, por realizar un default selectivo sobre las letras de corto plazo (LETES, LECAP y LELINK) e impulsar, a través de un proyecto de ley, una reprogramación de los bonos bajo legislación local y extranjera y del financiamiento otorgado por el FMI. Lejos de mejorar las expectativas, tal decisión no hizo sino exacerbar los temores y acelerar la sangría de reservas. Frente a esta dinámica explosiva, no tuvo otra opción que restablecer un control de cambios y reimplantar la obligación de liquidar las exportaciones.

El daño ya está hecho. Un daño innecesario y evitable. Consecuencia de una opción estratégica que, ignorando la dominancia de nuestra restricción externa sobre el funcionamiento de la economía argentina, desentendiéndose de las evidencias que surgen de nuestra experiencia histórica y haciendo una pésima lectura de las condiciones internacionales, persistió dogmáticamente en un esquema de desregulación plena del mercado de cambios y de la cuenta capital. La contracara fue la generación de una situación insostenible de endeudamiento externo al servicio de la fuga de capitales doméstica. Desde 2016 hasta julio pasado, la dolarización neta de excedente de los argentinos ascendía a 75.000 millones de dólares.

El control de cambios implementado restringe fundamentalmente el acceso de las personas jurídicas a los dólares; no solo para atesorar, sino también para transferir utilidades. Más laxo es, en cambio, con las personas físicas (residentes), a quienes garantiza la posibilidad de dolarizar ahorros hasta el equivalente de diez mil dólares por mes. Estas decisiones deberían reducir sensiblemente la presión de la demanda de divisas. Sin embargo, no puede subestimarse el impacto potencial sobre el mercado si, en el marco de los nuevos límites, los ahorristas continúan con la pulsión compradora. De acuerdo a los últimos datos disponibles, el 69% de los individuos que adquirieron dólares para atesorar lo hicieron, precisamente, por montos de hasta diez mil dólares. Tampoco puede ignorarse la pérdida de capacidad de control del BCRA en el marco del desmantelamiento ocurrido en las áreas que se dedicaban a garantizar el cumplimiento de la normativa cambiaria.

Hay demasiados interrogantes a la vista, a la hora de delinear el futuro cercano. Uno muy importante es qué hará el FMI. En un plano formal, la opción de la reprogramación de la deuda puede facilitarle la decisión de desembolsar los 5.400 millones de dólares previstos para antes de las elecciones. Pero eso es solo una formalidad. Las forzadas hipótesis que se utilizaron en el informe de julio para habilitar el desembolso realizado ese mismo mes (cuyo monto fue consumido en tres semanas) se han vuelto papel mojado. En este escenario tan complejo, las autoridades económicas han ratificado que un dólar en el entorno de los 60 pesos es considerado de “equilibrio”. Hasta fines de agosto, la defensa de esa cotización llevó al BCRA a vender 2.018 millones de dólares y elevar en 20 puntos porcentuales las tasas de referencia. La decisión de mantener abierta la posibilidad de dolarización de los particulares acota los espacios para que la autoridad monetaria reduzca de manera sensible la tasa de interés, ya que ello iría en contra del objetivo de disminuir la sangría de plazos fijos en pesos.

El proceso de desmonetización de la economía y restricción del crédito es la contracara de esta situación. La misma se ha exacerbado con la decisión oficial de reprogramar los vencimientos de letras de corto plazo de las personas jurídicas. Las buenas condiciones en materia de liquidez y solvencia que a nivel agregado muestra el sistema financiero contrastan con la virtual interrupción del rol de intermediación financiera por parte de los bancos. La remonetización y la recreación de condiciones del crédito consistentes con las necesidades de la economía real serán, en el marco de un programa de estabilización de la economía, prioridades del próximo Gobierno.

 

 

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