Informe noviembre 2016

SUMARIO

La economía argentina ingresa en el último bimestre del año en un contexto macroeconómico poco saludable. A nivel productivo, la mayoría de los indicadores oficiales refleja la continuidad de la recesión, con nuevas contracciones en el nivel de actividad de la industria y la construcción durante septiembre, del -7,3% y del -13,1%, respectivamente. Estos números tornan inviable la hipótesis oficial de caída del PIB del 1,5% para 2016, proyectándose un retroceso en línea con la proyección realizada por FIDE al inicio del año, en torno al 2,7%.
 
Durante el segundo semestre del año, el desequilibrio fiscal se acentuó y las cuentas externas evidencian una ampliación del déficit, un bajo dinamismo de la inversión externa y la aceleración de la fuga de capitales. El menor ritmo de inflación de los últimos meses no alcanza a compensar el deterioro ya acumulado en el salario real, circunstancia que también se refleja en el empeoramiento de las condiciones sociales. En este marco, la única variable que exhibe un sesgo claramente expansivo es el endeudamiento.

En octubre el Gobierno nacional colocó deuda por el equivalente a 11.000 millones de dólares, avalado por un contexto internacional de elevada liquidez y rendimientos domésticos muy atractivos. Estos recursos garantizan el financiamiento del déficit público, una acumulación transitoria de reservas internacionales y el sostenimiento del tipo de cambio nominal. Hasta el momento, el nuevo endeudamiento no ha contribuido a ampliar la capacidad de repago de la economía argentina; se trata más bien del ingreso de fondos para el financiamiento del desequilibrio de las cuentas públicas y del aprovechamiento de los inversores de la excelente oportunidad para la colocaciones de sus excedentes en el mercado financiero. La persistencia de la fuga de capitales de los propios residentes constituye otra señal sobre los desequilibrios estructurales de la economía argentina, que alertan sobre la sostenibilidad de este esquema en el mediano plazo.

Es cada vez más evidente que la inercia de este proceso no garantiza el reingreso a un sendero de crecimiento sostenido. En el contexto electoral del año que viene, es previsible que el gasto público asuma un rol más expansivo, revirtiendo el sesgo pro-cíclico que desempeñó en el primer año de la nueva gestión de gobierno. Pero este impulso aislado es insuficiente si no se logra dinamizar el consumo interno. Frente a un marco de debilidad de la demanda efectiva como el que prevalece, se hace difícil esperar una reactivación sensible en el flujo de inversión privada. La industria, por ejemplo, exhibe los niveles de capacidad instalada ociosa más altos de los últimos diez años (en torno al 63%).

En las definiciones estratégicas que han explicitado los funcionarios del Gobierno se advierte poco espacio para la industrialización. La identificación de unos pocos sectores competitivos, liderados por el sector agropecuario y sus manufacturas, deja librada a su suerte a una parte substancial del entramado fabril y de sus trabajadores, en un contexto interno de caída de demanda, creciente presión de las importaciones y un mercado internacional anémico. Todo indica, en consecuencia, que, aunque se recupere el crecimiento, el mismo no será homogéneo a nivel sectorial, con la industria perdiendo participación, tal como viene ocurriendo hasta el presente. Estos contenidos del crecimiento no resultarán neutrales para el nivel y la calidad del empleo y tampoco para la distribución del ingreso. Y en ese contexto es previsible que la puja distributiva y la conflictividad social se mantengan presentes en el escenario argentino.

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