Informe diciembre 2016

SUMARIO

Con el triunfo de Donald Trump, las significativas contradicciones que la estrategia económica del Gobierno venía evidenciando respecto a la dinámica de la economía mundial se han tornado más patentes. Todo indica que se consolidarán algunas tendencias que van a contramano de la aspiración oficial de fundar el crecimiento económico en la inversión, particularmente de origen externo, y en una mayor inserción exportadora. Fenómenos como la desaceleración del comercio mundial, la debilidad en la cotización de las materias primas, los menores flujos de inversión externa directa hacia los países emergentes y el creciente proteccionismo, muestran renovadas evidencias de que han llegado para quedarse. Todos estos frentes jugaron en contra de la estrategia oficial. Los últimos datos del sector externo indican que en 10 meses las exportaciones cayeron en volúmenes físicos un 5%, el ingreso de inversión externa no alcanzó a cubrir el monto de las utilidades y dividendos transferidos al exterior, el déficit de la cuenta corriente ya superó al de todo el 2015 y la dolarización de activos por parte de los residentes se intensificó.

La elevada dependencia del financiamiento externo que reinstaló la política económica a partir de la asunción del presidente Macri ha abierto flancos de vulnerabilidad que cuestionan seriamente su sustentabilidad. Con posterioridad al triunfo de Trump, se vienen observando algunos comportamientos –como el aumento en los rendimientos de los bonos de países centrales o las presiones devaluatorias en los mercados cambiarios y el reflujo de capitales desde los países emergentes– que complican el escenario económico argentino para el 2017. Las tensiones del sector externo, hasta ahora disimuladas por el fuerte endeudamiento y, en el último mes, gracias a los buenos resultados del blanqueo de capitales, se proyectan como rasgo relevante para el año próximo. En la esfera real, cabe advertir que los impactos negativos que se desprenden del comportamiento esperado de la economía mundial también condicionan las posibilidades de que nuestro principal socio comercial, Brasil, recupere el crecimiento.

En este marco, atravesado por la incertidumbre, las proyecciones macroeconómicas planteadas por el Gobierno corren el riesgo de quedar rápidamente superadas por la realidad como ya ocurrió este año, cuando tanto la caída del PIB como la inflación virtualmente duplicarían las hipótesis oficiales (a octubre, la tasa de inflación exhibe un alza del 44% interanual, al tiempo que en 10 meses la industria y la construcción cayeron un 4,9% y un 13,5%, respectivamente). La inercia de la actual situación no conduce hacia una reducción de los desequilibrios fiscal y externo y menos aún a una recuperación sólida y difundida del crecimiento económico.

Por su parte, el ritmo de inflación, si bien podría desacelerarse a rangos del 22%-25%, quedará alejado de la estimación del 12%-17% anunciada por la conducción económica. Cabe advertir que, de acentuarse la tendencia hacia la dolarización de activos, a la conducción económica también le resultará difícil sostener hasta las elecciones de medio término (octubre 2017) la pauta de devaluación del 20%.

Con enorme pragmatismo el Gobierno accedió a negociar con los  movimientos sociales una serie de beneficios para atender situaciones críticas de los sectores más vulnerables que contribuyen a descomprimir la creciente conflictividad social. También consensuó con las organizaciones sindicales el otorgamiento de una suma fija en los sueldos de fin de año que recompone una porción menor de la pérdida del salario real acumulada en 2016. Al tratarse de pagos por única vez, su contribución a la recuperación sostenida del consumo será marginal. Se trata de un conjunto de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha más como respuesta a las presiones, tanto del sindicalismo como de los movimientos sociales que representan a los trabajadores de la economía informal, pero que no reflejan en modo alguno la orientación de política que lo convence.

En un contexto donde la economía argentina evidencia problemas de insuficiencia de demanda y niveles de capacidad productiva ociosa importantes, las políticas ofertistas que busca impulsar el Gobierno pierden efectividad para sacar a la economía de la recesión. La mejora en la remuneración al trabajo aparece, junto con la reactivación de la obra pública
y la recuperación de mecanismos eficientes de administración del comercio frente a un contexto mundial crecientemente adverso, como condiciones de mínima para viabilizar el reingreso de la economía en un sendero de crecimiento.

 

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