Dos años después: la soberanía recortada

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La globalización en su forma neoliberal no ha sido el resultado de una dinámica intrínseca al capitalismo ni tampoco al cambio tecnológico que inevitablemente conduce a una reducción del poder del Estado. Ha sido, por el contrario, un proceso activamente promovido por los mismos Estados. Todos los componentes que se asocian con la globalización neoliberal –dislocación productiva, liberalización de los flujos de capitales y de bienes, disciplinamiento de la clase trabajadora, entre otros– son opciones impulsadas desde los estados nacionales.

Su contrapartida: el traslado del comando de la economía a manos del capital, particularmente del financiero.

En los dos primeros años de gobierno de la alianza Cambiemos, Argentina pasó a integrarse rápidamente a esa lógica. La liberalización de la cuenta capital constituyó el puntapié inicial. La opción por un régimen de metas de inflación le permitió al BCRA justificar una política de fuerte esterilización monetaria, altas tasas de interés y flotación cambiaria que sembró el terreno para la enorme burbuja especulativa que se ha armado en torno a las LEBAC. La apertura de cuenta capital y las “metas de inflación” suponen una pérdida de margen de maniobra del BCRA para definir variables tan relevantes como la tasa de interés y el tipo de cambio. Esa atribución está crecientemente en cabeza de los grandes operadores financieros (el “mercado”).

El endeudamiento en moneda extranjera y el ingreso de capitales golondrina constituyen los placebos que transitoriamente disimulan la ampliación del desequilibrio externo y la insuficiencia de las fuentes endógenas de crecimiento. La capacidad de maniobra del Estado en esta esfera también se ha achicado sensiblemente. Otra vez la suerte de nuestra economía subordinada al “pulgar” de los mercados financieros globales.

El Gobierno busca avanzar en la segunda parte de su gestión en otras transformaciones de naturaleza estructural que también traen aparejada una erosión de los espacios de soberanía del Estado para administrar el ciclo económico y garantizar los equilibrios sociales y económicos. En ese sentido, la propuesta oficial de reforma previsional implica un desfinanciamiento de la Seguridad Social, que a mediano plazo condicionará la sostenibilidad del Sistema Público de Reparto. Reaparecerán entonces los proyectos de privatización parcial que vuelva a habilitar la canalización de los recursos previsionales hacia la valorización financiera.  

En igual dirección se inscribe el apuro oficial por cerrar un acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea que, de concretarse, implicaría virtualmente clausurar los reducidos resquicios de que disponen nuestros países para impulsar el desarrollo industrial y tecnológico. En una etapa de la economía internacional caracterizada por la crisis del multilateralismo y crecientes pulsiones proteccionistas a escala global, el gobierno argentino ejercita la apertura comercial y pregona las bondades del librecambio.

No podemos ser ingenuos. La cesión de soberanía que está implícita en el endeudamiento externo sin contrapartida, la “autonomía” del BCRA fijando sus metas de inflación, el desfinanciamiento de la Seguridad Social o la aceptación de condiciones leoninas en acuerdos internacionales, surgen de una decisión deliberada de limitar los espacios de autonomía del Estado, autoimponiéndose “restricciones institucionales o externas” que buscan tornar irreversibles las decisiones anti populares inherentes a los gobiernos neoliberales

Mercedes Marcó del Pont

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