Siembra vientos…

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La Argentina no está transitando por una tormenta pasajera, como indica la metáfora que utilizan los funcionarios del Gobierno. La aceleración de la crisis externa, que obligó a recurrir a la ayuda del FMI en tiempo récord, no da tregua. En poco más de un mes, la pérdida de reservas internacionales representa el 40% de los primeros 15.000 millones de dólares aportados por ese organismo. Esta sangría está explicada fundamentalmente por la dolarización de ahorros de los argentinos, que persiste, indiferente a los altísimos rendimientos financieros que se ofrecen para las colocaciones en pesos.

Como era previsible, el acuerdo stand by firmado con el FMI vino con un severísimo ajuste fiscal bajo el brazo. El mismo se sostiene unilateralmente en el recorte del gasto primario, con énfasis en la inversión pública y en las transferencias a las provincias, pero también se extiende hacia el gasto en salud, educación y ayuda social. Siguiendo una secuencia conocida, el rol pro cíclico de la política fiscal ya se está reflejando en el debilitamiento de la recaudación tributaria, obligando al Gobierno a ampliar las líneas presupuestarias que estarán afectadas por la tijera, de forma tal de cumplir con los ambiciosos (como los define el propio FMI) compromisos asumidos.

En esta avanzada, el Gobierno Nacional pretende que las provincias se asocien al ajuste, aportando la tercera parte del esfuerzo fiscal ($ 100.000 millones aproximadamente) y legitimándolo en el Congreso de la Nación cuando se vote el Presupuesto 2019. Esta promete ser una discusión árida, ya que hay pocos resquicios para el voluntarismo y los parches. La actitud racional de la oposición, aún de la autodenominada “responsable”, debería expresarse en un rechazo de plano a un programa fiscal que solo garantiza un creciente deterioro social y productivo y que no resuelve, sino que incluso profundiza, los problemas de solvencia fiscal y externa.

De hecho, el propio FMI plantea en su documento técnico un segundo escenario posible, el “adverso”, caracterizado por la caída del PIB, mayor volatilidad cambiaria y financiera y menor sustentabilidad de la deuda pública. Desde su visión, una situación de esa naturaleza estaría asociada al fracaso del programa para recomponer la “confianza” de los mercados. Sobran las evidencias de que esa apuesta viene de frustración en frustración y que al Gobierno se le está haciendo cada vez más difícil convencer a los inversores financieros de que mantengan sus colocaciones en pesos, aún a costa del peligroso arbitrio de impulsar una mayor dolarización de la deuda.

Como era previsible, la degradación en las condiciones sociales que ha dado lugar a una importante erosión del apoyo al Gobierno reimpulsó la ofensiva mediático-judicial contra la gestión anterior. Dada la severidad del ajuste comprometido para 2019, todo indica que la economía no acompañará los tiempos políticos del año electoral. Cabe esperar, por lo tanto, un enrarecimiento de este clima, donde todo vale y no parece haber límites para la vulneración de derechos y garantías, ni lugar para la imparcialidad e independencia judicial. La experiencia regional enseña que estas avanzadas no tienen por objeto final hacer justicia, sino descalificar en bloque proyectos políticos capaces de confrontar con el neoliberalismo. El desafío es enorme.

Mercedes Marcó del Pont

Fide

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