El último año de otro proyecto neoliberal fallido

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El modelo económico instaurado por el actual gobierno entró en crisis en el segundo trimestre de 2018, poniendo de manifiesto las vulnerabilidades acumuladas en el frente externo.

El reflujo de capitales financieros del exterior y la intensificación del proceso de dolarización de carteras de los argentinos impusieron una escalada devaluatoria que aceleró la inflación hasta rangos del 48%, sin precedentes desde la crisis de 2001. Si bien el contexto internacional no era (ni es) favorable, sería poco riguroso achacar el desenlace crítico de este modelo a factores exógenos. De hecho, la Argentina fue, después de Venezuela, el único país de América Latina que sufrió un desmadre cambiario y una contracción del PIB. Todo indica que la opción estratégica de apertura comercial y financiera y de desregulación del mercado de cambios no resultó la más acertada para lidiar con las condiciones estructurales de la economía argentina en un momento poco favorable de la economía mundial.

La mega devaluación de 2018 no ha contribuido a modificar las fuentes estructurales de nuestra restricción externa. La recesión ha forzado una disminución del desequilibrio en la cuenta corriente; sin embargo, la lógica endeudamiento-fuga que precipitó la crisis de 2018 no se ha alterado, sólo ha cambiado el acreedor. Frente a las restricciones evidentes que nuestro país enfrentó hace un año para acceder al financiamiento externo, el FMI tomó la posta con un salvataje sin precedentes. Con ese acuerdo, el Gobierno ha logrado comprar tiempo. Este impasse se logra a costa de sacrificar nuevos espacios de soberanía en el manejo de la política económica y resignar objetivos en materia de crecimiento y mejora en las condiciones sociales.

Para lo que queda de este mandato presidencial, la economía no proyecta nada halagüeño para el oficialismo. Si bien dispone de cuantiosos fondos para cubrir sus necesidades financieras —en marzo el FMI desembolsaría otros 10.800 millones de dólares—, es previsible que, a medida que transcurran los meses, el proceso de dolarización de carteras vuelva a acelerarse. Frente a esa eventualidad, el Gobierno deberá negociar con el FMI una relajación de los límites de intervención del BCRA que garantice un dólar calmo, por lo menos hasta octubre. Para la economía real todas son malas noticias, dado que la severidad de las metas fiscales (déficit cero) y monetarias (variación cero de la base monetaria) no le dejan demasiado espacio para ejercer cierto pragmatismo pre electoral que alivie el deterioro productivo y del mercado de trabajo.

La tarea tampoco es sencilla para la oposición. Si bien los problemas económicos lideran el ranking de preocupaciones de la mayor parte de la sociedad, hay un terreno en lo político-simbólico que el Gobierno sabe explotar. Tampoco se puede descartar que, si se logra conjurar una nueva devaluación, el oficialismo llegue a las elecciones en un escenario con menor inflación y cierto rebote (del gato muerto) en los niveles de actividad. Por eso, la opción de “sentarse a esperar” el estallido no parece ser una decisión saludable para la oposición. El desafío de la unidad debería ser programático, pero también de acción. Urge recrear consensos y herramientas concretas para resistir nuevos avances de la agenda neoliberal que comprometa todavía más los resquicios disponibles para impulsar el desarrollo, en un contexto de globalización financiera que continúa hegemonizando el funcionamiento de la economía mundial.

Mercedes Marcó del Pont

Fide

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