La vuelta del control de cambios

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Tabúes muy costosos

Muy tardíamente el Gobierno tomó nota de que los dólares no alcanzaban para hacer frente al desequilibrio de la cuenta corriente, los abultados servicios de la deuda pública y la creciente fuga de capitales.

Entre junio de 2018 y agosto de este año la dolarización de ahorros de las y los argentinos (empresas y personas físicas) había acumulado un monto neto de 33.300 millones de dólares. Ese fue el destino principal de los 44.500 millones de dólares desembolsados en tiempo récord por el FMI. Sin embargo, haciendo caso omiso de esa realidad desde dicho organismo y desde el Gobierno se omitió la necesidad de restablecer algún tipo de regulación para frenar ese drenaje de divisas, fuente permanente de presión cambiaria y sangría de reservas.

Tal dogmatismo es el que explica que, frente a la dificultad para renovar los vencimientos de las letras de corto plazo en pesos y dólares, el Gobierno asumiera a fines de agosto la cuestionable decisión de impulsar un default selectivo sobre esa deuda –LETES, LECAP y LELINK–. Dicho en otros términos, la única razón objetiva para reprogramar deuda en pesos fue la de evitar que esos recursos se sumaran a la ola dolarizadora que se había exacerbado después de las elecciones primarias.

Como era previsible, lejos de mejorar las expectativas del mercado dicha decisión no hizo sino aumentar los temores y acelerar la sangría de reservas. En la semana posterior a las elecciones primarias el BCRA convalidó un salto del 25% en la cotización del dólar y una reducción de 4.000 millones en las reservas internacionales. El mero reemplazo del ministro de Hacienda no fue suficiente para restablecer la calma, y finalmente, frente a la evidencia incontrastable de que esa dinámica se había tornado explosiva, el Gobierno no tuvo otra opción que reimplantar un control de cambios parcial y la obligación de liquidar las exportaciones.


Revista Fide, Coyuntura y Desarrollo nº 390, 30 de septiembre de 2019.
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