Editorial

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El nuevo Gobierno transitó sus primeros meses por un estrecho desfiladero impuesto por la crítica situación de sobreendeudamiento y sus objetivos prioritarios de recuperar el crecimiento y reparar la grave situación social heredada. Crecer primero y recomponer capacidad de repago es el eje central que guía la negociación con los acreedores.

A diferencia de la otra gran crisis de la deuda a principios de este siglo, el desarrollo no pasa por salir del default, sino por renegociar deuda “performing”, con elevados vencimientos y un calendario irresponsablemente concentrado en el corto plazo. Y en un contexto regional e internacional mucho más adverso al vigente en la post convertibilidad.

La restricción externa se ha corporizado otra vez en el problema de la deuda. La vigencia del control de cambios (reinstalado por el Gobierno anterior frente a la dinámica explosiva que su política había generado) ha colocado en un segundo plano la cuestión de la fuga de capitales doméstica como fuente de desestabilización macroeconómica. Bueno es recordar que esta patología ha constituido la fuente principal de los procesos de endeudamiento externo en nuestro país. En los últimos cuatro años ese fenómeno se dio con una celeridad e intensidad sin precedentes. Entre 2016 y 2019 la compra de dólares sin destino reproductivo alguno –para “atesoramiento” dentro o fuera del país– ascendió a 88.223 millones. Ese drenaje de divisas fue financiado primordialmente por deuda asumida con el FMI y el sector privado.

Las regulaciones cambiarias le han devuelto al BCRA grados de autonomía para desenvolver una política monetaria-cambiaria consistente con los objetivos de recuperación de la economía real, desandando la fase de valorización financiera que hegemonizó el proceso de acumulación en los últimos cuatro años. En ese marco, la autoridad monetaria pudo avanzar en una reducción drástica de la tasa de interés, tranquilizar el mercado de cambios y despejar del horizonte cercano las expectativas devaluatorias. También reasumió sus facultades para orientar las condiciones del crédito, ensanchar su perímetro de regulación y ampliar el financiamiento al Tesoro. Todo ello de manera consistente con el proceso de desaceleración del ritmo de inflación.

En estos primeros meses de gestión la conducción económica asumió un conjunto de decisiones en materia de política de ingresos, monetaria, cambiaria y fiscal que han ido desarmando la lógica neoliberal predominante en los últimos cuatro años. La forma en que se está encarando la renegociación de la deuda –cuya naturaleza insostenible ha sido reconocida por la nueva conducción del FMI– refleja claramente el orden de prioridades del Gobierno. No cabe descartar que ese proceso lleve tiempo para cerrarse integralmente. En paralelo, es imprescindible que las nuevas autoridades logren condensar una estrategia dirigida a reanudar un proceso de acumulación con eje en la reindustrialización y la difusión del desarrollo tecnológico hacia el interior de nuestra matriz productiva.

Las condiciones internas y externas para avanzar en esos frentes son ciertamente difíciles. Es precisamente ese grado de dificultad el que torna vital la consolidación política del oficialismo necesaria para garantizar la gobernabilidad en el proceso de salida de la crisis. Y en ese sentido, tan esencial como sostener la unidad hacia adentro de la coalición gobernante es garantizar el diálogo, el consenso y los compromisos con los diversos actores económicos y sociales en torno a un proyecto de desarrollo capaz de armonizar sus demandas e intereses.

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