EL IFE COMO PUNTO DE PARTIDA

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Miguel Magnasco
Investigador en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública - Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Córdoba

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se implementó sin tiempo para planificar en fino, sin margen para calcular posibles fallas, e intentando adivinar una población objetivo sin poder medir la profundidad del deterioro económico que traería la pandemia a la Argentina.

Esto, lejos de ser una crítica, apenas describe un proceso.

El Covid-19 como pura contingencia forzó la construcción en tiempo récord de una notable capacidad estatal para viabilizar el pago de una transferencia de 10 mil pesos a casi 9 millones de personas dispersas por todo el territorio nacional.

Lo que reveló su implementación se vuelve insoslayable, de ahora en más, para el diseño de estrategias públicas que busquen reducir las desigualdades en nuestro país. Es una precisa imagen de la fragilidad laboral en Argentina que da cuenta, más allá del carácter extraordinario de la Pandemia, de una tendencia estructural de configuración del mundo del trabajo en torno a la precariedad. El IFE puede funcionar como punto de partida, como una radiografía de la precariedad -en tanto fenómeno que trasciende el desempleo – que nos obliga a recalibrar el horizonte de intervención estatal en materia social.

La brecha entre su diseño original (3,5 millones de hogares) y el número final de beneficiarios, alumbró una realidad que permanecía al margen del reconocimiento institucional: un universo heterogéneo de trabajadores que alcanza niveles mínimos ingresos y bienestar, expuesto dramáticamente ante la más mínima brisa que aparezca en materia económica: (i) trabajadores informales y cuentapropistas (según la denominación del Ministerio de Economía) dedicados a prestar infinidad de servicios con características disímiles entre sí en relación a horas de trabajo, esfuerzo físico e intelectual, empleadores, y formas y tiempos de pagos; (ii) desocupados (activos e inactivos), (iii) perceptores de la Asignación Universal por Hijo; (iv) trabajadoras de casas particulares; y (v) jóvenes que están realizando estudios académicos o capacitaciones en oficios (PROGRESAR). 

La puesta en marcha de esta acción estatal, capaz de llegar efectivamente a toda esa diversidad de actores, resulta inédita en la historia de las políticas sociales locales y de la región, y abrió un debate de cara al escenario pos-pandemia en torno a la necesidad de generar condiciones de estabilidad mínimas para ese universo.


Revista Fide, Coyuntura y Desarrollo nº 395, 18 de agosto de 2020.

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