Carlos Bianco
“El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es sencillamente un escándalo. Es el pacto Roca - Runciman, pero sin carne.”
Carlos Bianco es Licenciado en Comercio Exterior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Actualmente se desempeña como docente-investigador de la UNQ y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores (CTA-T). Se entrevistó con FIDE para ayudarnos a entender una de las políticas estratégicas del actual Gobierno: el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de esas iniciativas silenciosas, solo para expertos, y que sin embargo significan pasos muy concretos en una agenda que indefectiblemente nos atará de pies y manos en las posibilidades concretas de avanzar con un plan de desarrollo nacional.
FIDE: El Gobierno argentino está empecinado en firmar un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el derrotero de estas negociaciones?
Carlos Bianco (CB): El tratado que hoy impulsa el Mercosur con la Unión Europea (UE) tiene su origen en un acuerdo marco de cooperación que firmaron los dos bloques en 1995. Se trata de una iniciativa del equipo económico del primer mandato de Carlos Menem. Consistente con su génesis, el texto original del acuerdo tiene una clara impronta neoliberal y se basa en una hipótesis central: los países se beneficiarán mutuamente de un proceso de integración comercial. Las disparidades en el nivel relativo de desarrollo entre las regiones e incluso entre países no configuran, desde esta perspectiva, ningún impedimento.
Huelga recordar que esta visión, según la cual una política de apertura comercial de los países en vías en desarrollo con las economías industrializadas va a traer beneficios para todos los países participantes, contrasta con la posición histórica de toda la tradición latinoamericana sobre los procesos de integración. Desde esta otra perspectiva, los procesos de integración, para resultar beneficiosos en términos de desarrollo, deberían establecerse entre países más o menos similares, con una estructura productiva más o menos semejante, en los entornos regionales, con el objetivo de aumentar la escala de producción, estimular los procesos de aprendizaje industrial y, de esta forma, fortalecer el proceso de industrialización en cada uno de los países. Es la visión estructuralista, que surge entre los años ‘60 y los ‘70. Fue la visión tradicional de la CEPAL que, sin embargo, a partir de los ‘90 aggiornó un poco su posición, introduciendo el concepto de “regionalismo abierto”.
En aquel contexto, entonces, se firma el acuerdo marco de cooperación con la UE, en donde se establece que a futuro se va a empezar a negociar un acuerdo de asociación birregional, como lo llamaron en aquel momento. Este acuerdo iba a tener tres pilares, según lo establecido en el texto de 1995: un pilar comercial, un pilar político y un pilar de cooperación. En el año 1999 se empieza a negociar efectivamente el acuerdo. En ese momento tiene lugar la primera reunión del Comité de Negociaciones Birregionales (CNB), que es institucionalmente el marco en donde se negocia y en el cual participa un jefe negociador de la Comisión Europea (que negocia en conjunto para todos los países) y un representante de cada uno de los países del Mercosur, para representar las posiciones de cada uno de los países-miembro.
El objetivo del acuerdo que hoy estamos discutiendo implica una apertura acelerada al mundo, en particular respecto de una de las regiones más desarrolladas. Se espera así una nueva ola de instalación y de incremento de los proyectos de las empresas trasnacionales; es decir que se presenta más como un plan para estimular las inversiones que como un acuerdo de comercio. Por supuesto, en este segundo aspecto el acuerdo supone un proceso de especialización sobre la base de las ventajas comparativas (recursos naturales, para nuestros países), básicamente porque el bloque Mercosur no constituye un conjunto de economías con gran cantidad de población ni con niveles salariales bajos. Se trata de una ventaja que nos dejó el peronismo: no somos un país de salarios bajos.
FIDE: Tomando en cuenta estos antecedentes, ¿en el texto sobre el que hoy negocia el bloque Mercosur, además de las cuestiones netamente vinculadas con el comercio, qué otros aspectos incorporados al acuerdo merecerían la atención?
CB: Más allá de lo que diga el Gobierno y la contraparte negociadora, los pilares político y de cooperación están cerrados. Acá lo sustantivo es el acuerdo comercial; es decir, estamos negociando el texto de un tratado de libre comercio (TLC). Se lo esconde bajo la forma de un acuerdo de asociación birregional, pero en rigor se trata de un TLC de “nueva generación”. Por lo tanto, no solo se negocian reducciones arancelarias, sino que el acuerdo incluye toda una gama de disciplinas comerciales, tales como reglas de origen, aduanas y facilitación de comercio, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias, instrumentos de defensa comercial, así como otros capítulos y cláusulas que no tienen mucho que ver con el comercio. Puntualmente, son acuerdos de libre comercio que exceden los temas comerciales. Los otros aspectos contemplados en este texto incluyen la regulación de las empresas estatales, regulación de los subsidios, comercio de servicios y establecimiento de empresas extranjeras en los distintos territorios, compras públicas, propiedad intelectual, política de competencia, etcétera.
Quiero volver sobre la historia de este acuerdo. Como ya dije, el acuerdo entre el Mercosur y la UE se empieza a negociar en 1999. Tienen lugar varias reuniones de este CNB. En mayo de 2004 hay un primer intercambio de ofertas, que representa el puntapié inicial real para la negociación. Es el momento en el que los países ponen sobre la mesa sus propuestas concretas, producto por producto y el resto de las condiciones vinculadas al intercambio comercial y a los otros asuntos. Representa, además, la primera vez que los países se dicen qué es lo que quieren negociar entre sí. Hasta entonces todo es, por llamarlo en términos poco académicos, “franela” o construcción de las ideas sobre las cuales se puede llevar a futuro algún acuerdo.
Como decía, ese primer intercambio de ofertas ocurrió en mayo de 2004; ambas regiones consideraron insuficiente lo que ofrecía la otra parte y avanzaron en un nuevo intercambio de ofertas modificado en septiembre del mismo año. Y ahí se cortó la negociación, porque nuevamente las dos partes consideraron insuficiente lo que ofrecía la otra y se suspendieron las negociaciones.
Hubo varias reuniones informales entre 2004 y 2010, hasta que en ese año se retoma la negociación, no con un intercambio de ofertas sino a través del establecimiento de reuniones periódicas del CNB. A partir de entonces, empiezan a tener lugar periódicamente reuniones del CNB, que duran hasta mayo de 2016. Yo participé de esas reuniones entre 2011 y 2013, y entre 2013 y 2015, y fui el jefe negociador del acuerdo en representación de Argentina. La instrucción presidencial, de la Cancillería y del resto del equipo económico fue clara: se negocia este acuerdo siempre y cuando sea beneficioso para la Argentina y para el Mercosur. Y si no es eso, no habrá acuerdo y no se avanzará sobre el intercambio de ofertas. En este sentido, la Argentina, con cierto rechazo del resto de los socios del Mercosur, presentó una lista de premisas, que eran las claves con las cuales nosotros podíamos empezar a negociar en términos formales con un nuevo intercambio de ofertas que permitiera cumplir con la instrucción política: un acuerdo útil, beneficioso para los países del Mercosur y la Argentina.
FIDE: Tomando en cuenta su opinión, negativa en principio, respecto a la eventual firma de un acuerdo, ¿cuáles eran los aspectos que había que tener en cuenta en la negociación para lograr beneficios concretos para los países del Mercosur?
CB: Estas “claves” que la Argentina puso sobre la mesa al momento de retomar las negociaciones representaron una situación novedosa: un Mercosur “chiquitito” le quiere imponer condiciones a la UE. Y la verdad es que era exactamente eso lo que pretendíamos: imponerle ciertas condiciones mínimas para poder avanzar de manera consensuada en un acuerdo que sea beneficioso para las dos regiones. Porque la teoría a la que yo suscribo, la teoría más heterodoxa, la vieja teoría de la CEPAL, dice que la integración es buena siempre y cuando los socios sean simétricos; en esas condiciones la integración puede dar lugar a beneficios mutuos. Ahora, si los socios que se están integrando son muy asimétricos, el acuerdo también debe serlo: el socio más desarrollado tiene que hacer muchas más concesiones, tiene que liberalizar mucho más que la región menos desarrollada, que tiene que hacer muchas menos concesiones. Es lo que se conoce dentro de la OMC como “trato especial y diferenciado” y representa uno de los principios fundamentales de las negociaciones entre países desarrollados y países en desarrollo.
Nosotros le pedimos a la UE “trato especial y diferenciado” y lo documentamos en una serie de puntos, que les entregamos en un escrito en Bruselas. La contraparte no quiso recibir el documento. Tuvimos que dejarlo sobre la mesa. Las cosas sucedieron realmente de ese modo: no quisieron recibir el documento porque si lo hacían consideraban que asumían un compromiso.
Pero lo importante es lo que decía ese documento: nosotros le requeríamos tratamiento especial y diferenciado a la UE. Como la UE no quiere liberalizar los productos que nosotros podemos exportar, a cambio propone liberalizar los productos que vos no le podés exportar. Te dice: “Sí, vendeme autos”. Bueno, va a ser difícil que la Argentina, Uruguay, Paraguay, quizá el caso de Brasil sea un poco diferente en este ejemplo, pero en general es difícil que el Mercosur logre venderle autos a la UE de manera masiva. En otros casos, como el etanol, el biodiesel y la carne, solo permiten un ingreso acotado y de hecho establecen una cuota. En aquel documento, entonces, nosotros les pedíamos que las cuotas fueran amplias y que se aplicaran a pocos productos. Pedíamos que se excluyeran del comercio los productos que ellos subsidian. Porque lo que iba a terminar pasando, de lo contrario, era que en algunos casos, con la tremenda cantidad de subsidios que otorgan, termináramos siendo no competitivos incluso en aquellos rubros donde tradicionalmente lo somos, como por ejemplo en el caso de los alimentos.
En este mismo sentido, también solicitábamos un meca-nismo que permitiera neutralizar los subsidios a la producción. Y la desgravación en base a los aranceles efectivamente aplicados. ¿Cuál es la trampita de los negociadores europeos? Son muy buenos negociadores porque defienden sus intereses nacionales. Hasta fines del 2012 los países del Mercosur habían identificado una serie de productos importantes, entre ellos bastantes alimentos, sujeta al Sistema General de Preferencias (SGP), que son preferencias arancelarias que entrega la UE unilateralmente hacia los países en desarrollo. Eso está en el marco del principio de trato especial y diferenciado de la OMC. ¿Qué hicieron cuando vieron que se podía avanzar con el acuerdo? Nos sacaron del SGP, lo que hizo que los aranceles que se pagaban a la importación de productos del Mercosur se elevaran. Entonces ellos te dicen “después te liberalizo, pero empiezo a desgravar a partir de este arancel alto y no del que te cobraba antes”. En suma, lo que les pedíamos en aquel primer documento era que los aranceles vigentes para la desgravación fueran los del 31 de diciembre de 2012. Ellos decían que no, que fueran los de un día después, los del 1° de enero 2013, donde ya no se aplicaban las preferencias.
También introdujimos un instrumento que dimos en llamar “cláusula de la industria naciente”, una suerte de salvaguardia industrial específicamente para los países del Mercosur, que permitiera a los países de la región definir algunos sectores industriales determinados e identificarlos como sectores clave para el desarrollo, y en esos casos negociar una convergencia mucho más lenta. Todos estos aspectos tenían como objetivo lograr un verdadero tratamiento especial y diferenciado, que a su vez evitara el proceso de desindustrialización que sin dudas traería aparejado un acuerdo con un bloque como la UE.
Nuestra lógica era que sólo si eran aceptadas esas condiciones podíamos avanzar en el intercambio de ofertas. En este contexto se fue construyendo, en conjunto con los sectores empresariales y sindicales, una posible oferta para intercambiar con la UE. Y ahí sufrimos un ataque mediático: durante finales de 2014 y 2015 los diarios decían que el acuerdo no prosperaba por la negativa de la Argentina. Lo cierto es que, en la medida que los europeos nunca aceptaron estas condiciones, no fue posible avanzar con el intercambio de ofertas.
FIDE: Con los antecedentes claros, ahora nos gustaría avanzar con el actual estado de situación del acuerdo. ¿En qué están las negociaciones? ¿Qué implican para nuestro país?
CB: ¿Cómo está hoy en día el acuerdo? Hace poquito el ministro de finanzas de Francia dijo que el acuerdo está “bloqueado”. Y eso es efectivamente así. Permítanme un último paso atrás en esta historia. En 2016, luego del golpe institucional y judicial que concluye con la asunción a la presidencia por parte de Temer en Brasil y de que ganara Macri en la Argentina, las condiciones generales cambian completamente en el Mercosur. Se trata de dos gobiernos de corte claramente neoliberal, a lo que se suma el gobierno de Paraguay, que siempre había querido avanzar con el acuerdo, y el gobierno uruguayo, que tenía más o menos la misma posición de Paraguay. No se trata ahí de un gobierno neoliberal, pero el ala del Frente Amplio (FA) que gobierna y que lleva los temas económicos representa una posición más liberal dentro del FA. Entonces, a partir del año 2016 se alinean los intereses del Mercosur en favor de avanzar en un acuerdo, sea cual fuere la letra de este acuerdo. En mayo de 2016 se produce el intercambio de ofertas y empiezan regularmente a sucederse las reuniones del CNB y las rondas de negociación.
FIDE: ¿Este intercambio de ofertas qué supone?
CB: Sólo en este intercambio ya tenemos por lo menos dos derrotas en el marco de la negociación. La primera se produce porque un día antes de que se haga el intercambio de ofertas en Bruselas: el comisario de Agricultura de la UE en Irlanda (Phil Hogan, de origen irlandés) anuncia que en este intercambio no va a estar incluido el tema carne, que, según los estudios de impacto que analizamos en Cancillería, representa el sector en el cual los países del Mercosur están en condiciones de ganar mayoritariamente con el acuerdo. Esto sucede un día antes de sentarse a negociar. Esta manifestación implicaba un quiebre respecto de los compromisos del relanzamiento de la negociación en 2010. En aquel momento se había acordado que ningún sector quedaría excluido de la negociación. Sin embargo, la UE anuncia que excluye completamente el sector de la carne.
La segunda derrota se explica en la aceptación, por parte de los negociadores del Mercosur, de la inclusión en el acuerdo de temas como propiedad intelectual. Desde entonces, y con el intercambio de ofertas ya realizado, siguieron avanzando las negociaciones.
FIDE: Y en estos dos años ¿qué temas concretos a nivel de sectores y productos se fueron negociando?
CB: En estos dos años y con el objetivo de seguir avanzando, el Mercosur fue haciendo una concesión tras otra y la UE no cedió casi nada. De hecho, si bien para fines del 2017 la UE aceptó incluir el sector de la carne, lo hicieron con una cuota bajísima: 70 mil toneladas de carne. En 2004 los europeos habían ofrecido 100 mil toneladas de carne, o sea que nos están ofreciendo en 2017 menos toneladas de carne que en 2004. Y ahí rompen un segundo compromiso que se había tomado en 2010: en aquel momento se había acordado que todas las ofertas que se hicieran en el 2010 tenían que ser por lo menos tan buenas como las de 2004.
Las versiones indican que ahora la UE elevó la cuota a 99 mil toneladas de carne, pero el compromiso no está por escrito, es sólo un compromiso oral. Siguen siendo mil toneladas menos que en 2004. Esta diferencia se explica en que el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se había comprometido a presentar una oferta menor a 100 mil toneladas. Pusieron 99 mil. Originalmente, el Mercosur pedía 400 mil toneladas de carne. Ahora se conforma con las 100 mil, aunque oficialmente están en 70 mil.
Para fines del año pasado estaba previsto que en la reunión de la OMC —que previsiblemente sería un fracaso, porque Trump había enviado a su Secretario de Comercio a romper todo, cosa que hizo el primer día de la reunión— se firmaría un acuerdo político, un documento donde el Mercosur y la UE cerraban el acuerdo. Eso no sucedió y tampoco sucedió que pudieran sacar un comunicado.
FIDE: A principios de este año, y luego de versiones periodísticas varias respecto a la inminencia de un acuerdo, el ministro de economía de Francia patea el tablero. ¿Es así? ¿Qué sucedió en realidad?
CB: A partir de 2018 se plantea un escenario aún peor para la defensa de los intereses de la Argentina. Los países del Mercosur se ponen de acuerdo y dejan la negociación de sectores específicos en manos de uno solo de los negociadores. Por ejemplo, en el caso del sector automotor, la Argentina decide no involucrarse y esa posición también es asumida por Uruguay y Paraguay, que casi no tienen industria automotriz nacional. Entonces queda autorizado el negociador brasileño como representante de los cuatro países para negociar con los europeos.
El asunto es grave desde el punto de vista institucional, pero lo más preocupante es dejar las decisiones en manos de negociadores que no son argentinos, que no representan los intereses de nuestro país. Si esto hubiese sucedido con el sector del coco, bueno, quizás fuera razonable que las discusiones estuviesen lideradas por Brasil. Pero la Argentina tiene una industria automotriz importante, que genera mucho empleo, que todavía tiene poco contenido nacional, pero tenemos una industria automotriz y autopartista muy importante.
FIDE: Estamos entonces, como bien podía intuirse, en un proceso de negociaciones donde los intereses de los sectores productivos argentinos no están debidamente representados.
CB: Efectivamente. Le entregamos toda la industria, los servicios, las compras públicas, les permitimos que establezcan las reglas y las certificaciones de origen. Todo esto… ¿a cambio de qué? De una pequeña, muy pequeña cuota de carne, que es básicamente lo único que podemos ganar, conjuntamente con alguna otra oportunidad en el sector alimenticio de poco valor agregado, pero no mucho más. Yo hacía una broma con las 70 mil toneladas. Si tomamos las 70 mil toneladas de carne —que es lo que oficialmente está ofreciendo la UE hoy— y las dividimos por los 500 millones de personas que viven en la UE, son 138 gramos de carne per cápita. Eso es lo que están ofreciendo a cambio de una apertura total del sector industrial, de servicios y en términos de otros aspectos como las compras públicas. Ciento cuarenta gramos es más o menos el contenido aproximado de tres empanadas de carne... Una miseria. ¡Tres empanadas! Como en la película… Si finalmente incrementan la cuota a 100 mil toneladas… serían cuatro empanadas.
FIDE: En el tema de la carne, entonces, queda claro que la UE viene resistiendo un acuerdo que sea una verdadera oportunidad para el Mercosur. ¿Qué hay del resto del comercio?
CB: En el caso de los bienes, el texto actual del acuerdo implica que el Mercosur liberaliza el 90% de su producción para que entren sin arancel los productos de la UE. En la administración anterior el techo de acceso era del 85%, ahora, con la gestión Macri, ya estamos en el 90%. La UE, por su parte, estaría liberalizando el 92% de su comercio bilateral con el Mercosur. Y esa es una pequeña concesión que hace la UE, de trato especial y diferenciado a nosotros.
Cuando en el 2010 se retoman las negociaciones, luego de seis años de impasse, la Unión Europea argumenta que durante ese lapso el nivel de desarrollo de nuestros países había aumentado. Digamos que había algo de cierto en eso, por lo menos en términos de los niveles de crecimiento que tuvo la región entre el 2004 y el 2010. Como consecuencia, la UE planteó un acuerdo más simétrico, como si se tratara de regiones con una brecha de desarrollo menor. En aquel momento ellos planteaban que la diferencia entre bloques ameritaba un 3% adicional en el caso de la cobertura de posiciones para la UE. Es decir, si el Mercosur liberalizaba 90% del comercio, la UE liberalizaba el 93%. Con las condiciones actuales de la oferta, este punto tampoco se está cumpliendo.
Otro aspecto importante que ha sido eliminado es la curva en la baja de los aranceles para los productos que el Mercosur importa desde la UE. Nosotros habíamos planteado una canasta de desgravación que implicaba que durante los primeros años de vigencia del acuerdo los aranceles se reducían muy lentamente. Luego, esa caída se aceleraba. El objetivo era darles tiempo a los sectores industriales para que se reconviertan, inviertan, etcétera. Este punto también ha desaparecido. Ahora toda la desgravación es lineal: si se desgrava el 100% en 10 años, entonces la baja del arancel es del 10% cada año.
Las canastas de desgravación representan otro aspecto en el que hemos perdido. Básicamente se trata de esquemas según los cuales se van desgravando los bienes a lo largo del tiempo, una vez que entra en vigencia el acuerdo. El Mercosur tiene distintas canastas, algunas con desgravación inmediata, otras lineales a 4, 8, 10, 12 y 15 años, con cierto período de gracia (en los primeros años no se desgrava nada). Y la UE tiene otras canastas, con una particularidad: la UE establece cuotas. El Mercosur no ha propuesto ninguna cuota; es todo liberalización, con distintos plazos.
Hasta diciembre del año pasado, el grueso del comercio que el Mercosur iba a liberalizar estaba incluido en canastas con un plazo mayor a 10 años, es decir que se iba a llegar a un arancel 0 luego de más de 10 años. Ahora el 60% de los productos está incluido en canastas con un período de desgravación menor a los 10 años, lo que significa que el Mercosur siguió haciendo concesiones y aceleró (redujo) los períodos de desgravación. En esta dinámica la posición del gobierno argentino ha sido clave, empujando en pos de una liberalización mayor y más acelerada.
FIDE: Entonces, ¿cuáles son los reclamos que continúan presentes por el lado del Mercosur?
CB: Hoy en día los principales reclamos del Mercosur en materia de bienes están referidos a una mayor cuota de carne bovina (de 70 mil a 100 mil), mayores cuotas en el resto de las carnes, de azúcares (que es un interés más del Brasil que nuestro), de arroz, maíz y etanol.
Existe otro aspecto que aquí en la Argentina no ha sido mencionado y que reviste cierta importancia. Si bien las condiciones para firmar el acuerdo estarían relativamente resueltas —de hecho, las dificultades han venido por la negativa de algunos líderes europeos por los reclamos sectoriales que tienen en sus países—, el convenio tiene que tener aprobación parlamentaria. La ratificación en el parlamento europeo va a implicar una discusión respecto al tema de bienestar animal, que no está incluido en el acuerdo o está solo de manera muy general. En Europa hay un movimiento de consumidores muy fuerte respecto de los reclamos del bienestar animal. El lobby de este sector conjuntamente con el sector agrícola europeo puede llegar a impedir que se ratifique el acuerdo. Los puntos del acuerdo que están estrictamente vinculados a la política comercial en Europa los ratifica el Parlamento Europeo, porque tiene esa competencia; hay puntos que exceden la política comercial que deben ser ratificados por cada uno de los países. Y en algunos de ellos, como Bélgica, también tienen que ser aprobados por los parlamentos de todas las regiones. Entonces también hay que tener en cuenta cómo funciona el lobby de los consumidores europeos, porque es fuerte. El tema del bienestar animal puede representar una barrera para-arancelaria en última instancia.
FIDE: ¿Qué otras condicionalidades supone el acuerdo?
CB: En la UE el origen es certificado por el exportador a través de una declaración jurada. Aquí, en cambio, esa tarea recae en el Estado, que lo delega en las cámaras sectoriales. Los europeos están presionando para que en la Argentina se pase al sistema de certificación por exportador. Este cambio implica un perjuicio importante para las entidades gremiales empresarias y, además, puede incubar problemas. Si un exportador certifica mal, puede desencadenar el cierre total del comercio de ese producto. La delegación en las cámaras tenía el sentido de controlar el certificado. El Mercosur ya aceptó este cambio, con una transición de un año una vez que entre en vigencia el acuerdo, la certificación de las exportaciones de origen y de los requisitos técnicos las pueden hacer las mismas empresas, con una declaración jurada.
El acuerdo, por suerte, no incluye los servicios públicos. Es una suerte porque en otras iniciativas de este tipo ya se están incorporando secciones especiales dedicadas a los servicios públicos, como por ejemplo en el TISA (Trade In Services Agreement). El acuerdo sí incluye el otorgamiento del llamado “trato nacional” a las empresas europeas de servicios en los países del Mercosur. Previamente discutíamos en torno a preferencias, pero nunca hablamos de trato nacional. Trato preferencial significaba que las empresas europeas que quieran vender servicios en la Argentina van a tener ciertas preferencias respecto de empresas estadounidenses, por ejemplo, pero las que seguían teniendo mejores condiciones eran las empresas de los países de la región. En el acuerdo que se está negociando, en el capítulo de servicios, ya se les ha otorgado trato nacional, es decir, una empresa europea es lo mismo que una empresa de cualquier país del Mercosur en los términos de la regulación de los servicios.
También en relación a los servicios se está trabajando con una “lista negativa”. Eso significa que los servicios que no se ponen explícitamente como excluidos, están incluidos en la liberalización. Y hoy en día, de acuerdo a los últimos borradores que circularon del acuerdo, los únicos que están excluidos son los servicios marítimos y de cabotaje, transporte aeronáutico y servicios aeroportuarios, manipulación de material nuclear, producción y comercio de armas (por cuestiones de seguridad interna). Navegación interna pide el Mercosur que se excluya, aunque los europeos piden que se liberalice. Me hace acordar al tratado que las Provincias Unidas del Río de La Plata firmaron con su Majestad Británica en 1825, ¡estamos volviendo a eso! La UE no quiere incluir los servicios audiovisuales, sobre todo por el lobby audiovisual del cine francés, que fue uno de los puntos que tuvieron que sacar del acuerdo con Canadá.
Un problema que tiene esta idea de la lista negativa de servicios —que significa que entra todo, salvo lo excluido— es que, cuando aparecen nuevos servicios, por definición ya están incluidos. Por ejemplo, yendo al pasado reciente: aparecen los servicios de internet y ya están automáticamente liberalizados, es decir, incluidos en el acuerdo. A veces aparecen servicios que son estratégicos para las comunicaciones, para la defensa, de distinto tipo, que por definición ya los tenés liberalizados porque no los pusiste cuando firmaste el acuerdo. Y claro, no los pusiste porque no existían. Si fueran listas positivas que se puedan ampliar, ahí vos decidís sobre los nuevos servicios. Ahora, ya todos los servicios nuevos que se generen de acá a adelante, si se firma el acuerdo con la UE, van a estar liberalizados. Son cosas que nadie tiene mucho en cuenta, pero que te hipotecan el futuro y el desarrollo nacional. Los principales temas de discusión en materia de servicios son el famoso “Modo 4” de provisión de servicios, que es el movimiento temporal de personas, que es lo que no quieren los europeos, que nuestros profesionales vayan a ofrecer servicios a Europa. Algo bastante parecido a sus leyes de inmigración. O sea: que puedan solamente por períodos muy acotados radicarse en Europa para proveer servicios. También se negocia “comercio electrónico”, un nuevo capítulo de los acuerdos de libre comercio. Los europeos quieren que todos los productos que ingresen vía mecanismos de comercio electrónico sean exceptuados de los aranceles, aunque eso tenga arancel en otra modalidad. Quieren liberalizar todo el comercio de bienes y de servicios electrónicos.
FIDE: ¿Qué pasa con las compras públicas a partir de la firma del acuerdo con la UE? Se trata de una herramienta estratégica para el desarrollo nacional.
CB: Sobre “compras públicas” se está trabajando en un capítulo específico, que tiende a limitar el poder estatal de desarrollo a través del compre nacional. Se incluyen bienes y servicios a partir de determinados umbrales. Acá se trabaja con listas positivas de entidades y de bienes y servicios. Es decir, la regulación de compras públicas establece lo siguiente: si hay una licitación de determinado ministerio que está dentro de esta lista, las empresas europeas pueden participar en las mismas condiciones que las empresas argentinas, brasileñas, paraguayas y uruguayas. Que también es otra derrota, porque nosotros cuando estábamos negociando siempre decíamos que si se hacía un acuerdo de compras públicas, tendrían preferencia respecto de empresas de otra región, pero no sobre las empresas de origen Mercosur. Si este acuerdo se aprueba y una firma argentina que se presenta en una licitación aquí en el país ofrece un precio un 1% más caro que su par europea, gana la europea. Esto es un desastre desde el punto de vista de la producción y del desarrollo nacional, te deja afuera de todo. Esto en principio va a ser a nivel federal, las compras del Estado nacional, pero los europeos vienen presionando muy fuerte para que sea a nivel provincial y municipal también.
FIDE: ¿Y en materia de propiedad intelectual?
CB: Otro capítulo es el de la “propiedad intelectual”, en donde la UE solicita a los países del Mercosur que firmen todos los tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que son como 15 tratados en marcas, derechos de autor, patentes, etc. Son tratados que fortalecen mucho más la propiedad intelectual de las empresas. Obviamente, eso beneficia a las empresas europeas. En principio, los países del Mercosur no estarían aceptando la firma de esos acuerdos, salvo del acuerdo de cooperación en patentes, que ya es una derrota. Nosotros les habíamos planteado que no íbamos a firmar ningún acuerdo de estos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
FIDE: En este rubro las patentes representan un caso particularmente relevante por su impacto en la política sanitaria. ¿Qué prevé el acuerdo en este sentido?
CB: En materia de medicamentos y productos agroquímicos, la UE solicita extender la duración de las patentes. Hoy en día, de acuerdo con la OMC, las patentes duran 20 años. ¿Qué sucede en todos los países del mundo? Uno solicita una patente y hasta que se la otorgan pasa un determinado tiempo. En la Argentina son aproximadamente 7 años, y eso es una política pública, porque la duración efectiva de la patente es de 13 años, no 20, ya que la duración se cuenta desde el momento en que se solicita la patente. Los grandes laboratorios están diciendo ahora que esto es malo para ellos, porque se perdieron 7 años de exclusividad en la venta del medicamento. Entonces, si hay demoras, habría que extender la duración de las patentes por un período determinado, que puede ser la demora de 5 años (dan por normal que todo el mundo tarda 5 años en otorgar una patente y la vigencia efectiva es de 15 años). Lo que hace esa diferencia de 2 años es encarecer los medicamentos por 2 años, porque cuando pierden la patente, inmediatamente bajan los precios al empezar a producirse genéricos. Es así. Esto de estirar las patentes por 2 años es un desastre para la salud pública y también para el gasto del Estado en salud, porque por 2 años más se van a pagar precios altos de los medicamentos.
También hay que considerar la protección de datos de prueba, otra de las cláusulas que están pidiendo los laboratorios europeos. ¿Qué es esto? Cuando un laboratorio desarrolla un nuevo principio activo se deben hacer un montón de pruebas y análisis clínicos, que llevan tiempo y son muy costosas. Hoy en día en la Argentina los resultados de esas pruebas tienen que ser públicos, y cualquier otro que quiere producir el mismo principio activo no tiene que demostrar que ese principio no es malo para la salud. Lo que quieren hacer es que se mantenga en secreto, que no sea pública esa información. Supongamos que un laboratorio de genéricos que quiere hacer ese mismo medicamento tiene que hacer de nuevo todas esas pruebas. Si se trata de un laboratorio nacional de pequeña escala, no tiene cómo hacerlas, por tiempo y costo.
En conjunto, son todos mecanismos que favorecen a los grandes laboratorios europeos y restan oportunidades a la industria nacional. Estos dos temas han sido solicitados por la UE pero el Mercosur todavía no accedió. Y un último tema sobre propiedad intelectual son las “indicaciones geográficas”, que son los nombres que tienen los productos que refieren a determinada especificidad regional o de elaboración (tipo queso roquefort, champagne, etcétera). Hoy en día en la OMC los únicos que están protegidos son algunas bebidas espirituosas y vinos. Por ejemplo, una empresa láctea argentina ya no puede producir queso roquefort y llamarlo así, debe venderlo como queso azul. Y básicamente lo que hace esto es sacarte del mercado en muchas bebidas espirituosas adicionales que están proponiendo los europeos y sobre todo en lácteos y pastas. Y son intereses ofensivos de ellos, porque si hoy uno quiere comprar mozzarella, por ejemplo, ninguna empresa argentina la va a poder llamar así, va a tener que ser “queso para pizza”, y vos cuando vas a comprar querés mozzarella, entonces vas a comprar la que viene de Italia, porque va a ser la única autorizada a llevar ese nombre comercial.
FIDE: Queda claro que la firma un TLC entre el Mercosur y la UE representa un riesgo enorme para el proyecto de desarrollo nacional. Más que un riesgo, se trata de un escollo insalvable… esto debería surgir de los análisis de impacto. ¿Usted tuvo acceso a estos estudios?
CB: Ninguno de los países del Mercosur ha hecho un estudio de impacto del acuerdo en los últimos dos años. Es decir: van a firmar el acuerdo de libre comercio más grande de la historia del Mercosur y no saben cuáles son los impactos. O mejor dicho, se sabe que se hicieron los estudios pero no los pueden mostrar. Los estudios de este tipo tienen problemas, parten de supuestos, pero más o menos te muestran las tendencias generales. Entonces, si el estudio te dice que le podés vender carne a la UE, vas a pedirles que liberalicen la carne.
El ejercicio que se hizo en la Cancillería argentina en el año 2013 indica que, si se firma el acuerdo con la UE, en la Argentina se van a importar 888 millones de dólares más de la UE, en Brasil 11 mil y la UE va a importar 2.332 más del Mercosur. Y ustedes dicen “claro, obviamente, si hacés un acuerdo de libre comercio, desde el otro lado vas a importar más”, y te puede decir alguien “pero también vas a exportar más”. Veamos: la UE sí va a exportar más como consecuencia de este acuerdo, Brasil también; pero la Argentina va a exportar menos a nivel global. Porque si bien es cierto que la Argentina va a aumentar las ventas a la UE, también va a perder un montón de exportaciones a Brasil. Porque ahora, supongamos, las autopartes que le vendemos a la industria automotriz brasileña no las van a comprar más en Argentina; las van a comprar en Italia, Austria, Alemania, etcétera. El resultado neto es que gana la UE, pierde Brasil (aunque exporte más, importa mucho más) y pierde por los dos lados la Argentina (exporta menos e importa más). Vamos a ver qué cosas ganamos y qué cosas perdemos dentro de esta pérdida general. Para el caso de Brasil: ¿qué más puede exportar Brasil? Productos de carne bovina y otros productos cárnicos, el grueso: 5.600 millones de dólares sobre un total de 6.300. Y algo más de azúcar y alimentos. Esto es lo que va a poder exportar más Brasil. ¿Qué va a pasar con sus exportaciones a la Argentina? Van a caer sus exportaciones de automotores y sus partes, de maquinaria y equipo, y de químicos, caucho y plásticos. Es decir, va a exportar más productos primarios y va a dejar de exportar productos industriales de medio-alto contenido tecnológico. ¿Y qué va a pasar a importar de la UE? Lo mismo que va a dejar de exportar a la Argentina: maquinaria y equipo, químicos, caucho y plásticos y automotores y sus partes. Que alguien me explique la conveniencia de este acuerdo con números...
¿Y qué pasa con la Argentina? Le vamos a poder exportar más a la UE, fundamentalmente productos de carne bovina, algo de verduras y frutas, otros productos cárnicos, otros alimentos. ¿Y qué vamos a dejar de exportar a Brasil? Automotores y sus partes, químicos, caucho y plásticos, y maquinaria y equipo. ¿Y qué vamos a importar de la UE? Sobre todo maquinaria y equipo, automotores y sus partes y químico, caucho y plástico. Se repiten los sectores, está muy claro cuál va a ser el patrón comercial si se firma este acuerdo. Nos vamos a primarizar, en el mejor de los casos. Estos resultados están calculados sin tener en cuenta las cuotas, que empeoran la cuenta. Este acuerdo es sencillamente un escándalo. Es el pacto Roca-Runciman, pero sin carne.
