Informe del mes de septiembre de 2020
Sumario
La negociación de deuda se encuentra en la recta final. Según se conoció esta semana, el Gobierno consiguió un nivel de adhesión del 93,5% a la deuda elegible bajo ley extranjera, lo que implica haber reestructurado el 99% del total de esos pasivos. Por su parte, la deuda bajo ley local, aún en etapa de adhesión temprana, consiguió reestructurar el 98,8% del total del stock de deuda elegible. A partir del 7 de septiembre se liquidarán las operaciones, comenzando a cotizar los títulos en el mercado y poniendo oficialmente fin al default.
Ambos aspectos permiten dar vuelta la página al tema de la deuda con el sector privado, allanando el camino para avanzar en otros frentes relevantes, como el desarrollo del financiamiento público en pesos en el mercado local, la reestructuración de la deuda de las provincias y la refinanciación de deuda privada.
Sin embargo, la mayor fortaleza del acuerdo pasa por el alivio sobre el sector externo. En el período 2020-2024 el país deberá pagar solo 7.500 millones de dólares de deuda, considerando la totalidad de vencimientos de capital e intereses. Para este período, y sumando bonos bajo ley argentina y ley Nueva York, el Gobierno logró posponer un total de pagos por 56.100 millones de dólares. El ahorro total de la reestructuración sería de 39.600 millones de dólares.
Cerrado el capítulo “bonistas”, sigue el FMI. Esta semana el Gobierno envió una nota formal pidiendo el inicio de conversaciones en vistas a un nuevo acuerdo. También se anunció que, a diferencia de lo ocurrido con el mega endeudamiento contraído por la gestión anterior, el programa que se acuerde con el Fondo se discutirá en el Congreso de la Nación.
Durante los últimos meses el FMI funcionó como un extraño aliado del Gobierno en la estrategia a dos puntas frente al Comité de bonistas: ayudando a man-tener la oferta baja y funcionando como respaldo financiero disuasivo cuando aún restaba definir el grado de adhesión. Sin embargo, ahora empieza una etapa diferente. Y se abre el interrogante acerca de los espacios disponibles para conciliar el objetivo central del Gobierno de impulsar el crecimiento y recuperar capacidad de pago –sosteniendo el rol anticíclico de la política fiscal y monetaria, manteniendo las regulaciones en la cuenta capital y promoviendo modificaciones tributarias con un sesgo claramente progresivo, entre otras orientaciones– con el manual convencional del FMI y sus recomendaciones de corte ortodoxo.
La conducción económica ya ha anticipado el objetivo de reducir el déficit primario en torno al 4,5% del PIB para el año próximo. Ello supondrá un esfuerzo en materia de mayor recaudación y también de reducción y reasignación del gasto público. A medida que la economía muestra indicios de una relativa (pero aún heterogénea) mejora en los niveles de actividad, las políticas de asistencia a las empresas desenvueltas por el Gobierno buscan apoyarse crecientemente en el crédito subsidiado. La inversión pública también ha sido definida como un motor de la recuperación en la post pandemia. La obra pública es un sector con elevados efectos multiplicadores sobre el PIB y el empleo, y poco demandante en materia de importaciones.
Y si bien la reestructuración de la deuda externa con el sector privado ha eliminado del horizonte cercano una fuente relevante de demanda de dólares, el frente externo muestra algunas luces amarillas que merecen atención. Aún en un escenario de caída en las importaciones y saldos comerciales positivos, en las últimas seis semanas el BCRA ha tenido una intervención vendedora casi ininterrumpida en todas las jornadas. Los principales componentes de la mayor demanda de divisas son la compra de billetes por parte de individuos y el adelantamiento de importaciones de empresas.
En este contexto, reaparecen voces que recomiendan devaluación, desdoblamiento o nuevo endeudamiento externo para administrar la brecha en el nuevo esce-nario post-canje. Se trata de opciones que ya han fracasado y, a poco andar, terminan generando efectos macroeconómicos negativos. El desafío es grande. Ordenar la dinámica del dólar financiero, hacer sintonía fina regulatoria, promover el desarrollo de instrumentos de ahorro en pesos y, en paralelo, impulsar políticas sectoriales para generar dólares genuinos. Todos ellos, previsiblemente, serán parte de la agenda de prioridades en los tiempos por venir.
