Un poco de Historia

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Cuando vio la luz el primer número de la revista “FIDE. Coyuntura y Desarrollo”. Se trataba de un momento muy particular en la historia argentina reciente. Desde 1976 la dictadura más violenta conocida por los argentinos gobernaba el país, mientras la política económica impulsaba la destrucción del aparato productivo, la especulación financiera sin límites y el crecimiento impiadoso de la deuda externa.

El Análisis de la Actualidad de la primera entrega de FIDE comenzaba así: “Durante el primer trimestre de 1978 la economía argentina registró bajos niveles de actividad dentro de un contexto general de inflación. Ello queda de manifiesto por la caída del 5% experimentada en el PIB durante el primer semestre respecto a igual período del año anterior, mientras que, comparando junio de 1978 con junio de 1977, los precios al consumidor se incrementaron un 188,7% y los precios mayoristas el 156,9%”.

A lo largo de las páginas siguientes, la revista desgranaba una serie de indicadores que mostraban un panorama con fuertes contrastes. Por un lado, un sector financiero en pleno boom y condiciones para ganancias especulativas extraordinarias; por otro lado, sectores productivos en franco retroceso, con caída de la producción, el empleo y la rentabilidad. El sector público no escapaba a estas características, pues, como se señalaba en una extensa nota, “el presupuesto para 1978 presenta algunas características que lo diferencian netamente del anterior: la baja proyección de crecimiento de la inversión y la indexación salarial.

Cambios en la economía entre 1976 y 1979

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 23, julio de 1980

Luego de cuatro años de implementación del programa económico iniciado en abril de 1976, comienzan a insinuarse en la economía argentina algunos cambios de significación.

No se trata sólo de la masiva y creciente presencia en el mercado local de artículos importados, o del notable aumento de la demanda de activos financieros, en detrimento -en buena parte- de la demanda de bienes; sino que además se observa una pérdida en el dinamismo de la inversión, un virtual estancamiento productivo, una contracción del mercado interno, la quiebra de casi todas las economías regionales, la dificultad creciente para mantener una corriente exportadora, etcétera (…)

La reforma del sistema bancario y financiero estuvo lejos de convertirse en el vehículo apropiado para una eficiente asignación de los recursos. Por el contrario, resultó el instrumento determinante en la elevación de los costos financieros -en condiciones de estancamiento productivo y reducción del poder de compra del mercado interno- y el campo propicio para un desenfrenado comportamiento especulativo.

El sometimiento del aparato productivo a las presiones de la competencia externa tampoco se orientó en la dirección que inicialmente se postulara. No sólo han desaparecido -o enfrentan graves dificultades- actividades en las cuales presuntamente no se gozaría de ventajas comparativas, sino que, además, resulta cada vez más crítica la situación en aquéllas donde sí se dispondría de las mismas (…)

Por lo demás, durante 1978 y 1979 se perfeccionaron y profundizaron en su aplicación los instrumentos reguladores y orientadores del proceso de acumulación; ya sea por el lado del sistema financiero, como por el lado de la apertura de la economía.

Los resultados obtenidos se sintetizan en un notable incremento de la demanda de activos financieros, y en la concentración de la inversión en depósitos a 30 días; todo ello en detrimento de la inversión en maquinaria y equipos y del consumo (…)

El virtual estancamiento de la producción y las ventas, y la irreductibilidad del proceso inflacionario, originaron la acumulación de grandes deudas financieras -para amortizar otras deudas y para cubrir la corrección monetaria e intereses en ascenso-, con el consiguiente efecto negativo sobre los costos y las perspectivas futuras de innumerables empresas.

El marco general de la política económica combinaba un objetivo de largo plazo que, por un lado, asociaba al crecimiento económico con la expansión de las exportaciones de los sectores con ventajas comparativas, mientras, por otra parte, se avanzaba en una política de coyuntura fuertemente discriminadora contra las exportaciones y que fortalecía exclusivamente un eje de valorización financiero. Tal combinación permitía hablar abiertamente de un sesgo antiexportador, que además, dejaba artificialmente fuera del esquema a ramas enteras de la producción lo suficientemente competitivas como para sostenerse en condiciones normales, pero incapaces de soportar el dumping cambiario y la atracción de la especulación financiera.

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, Nro. 16, Diciembre 1979, pp. 13

La deuda externa de los países subdesarrollados

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 48, agosto 1982, pp. 50-53

El elevado endeudamiento externo en que han incurrido los países subdesarrollados constituye una de las mayores preocupaciones en el mercado internacional de capitales, pues puede transformarse en el germen de una crisis financiera generalizada. En efecto, la magnitud que ha alcanzado la deuda, el fuerte crecimiento en corto plazo, el alza de las tasas de interés y las dificultades manifiestas para el pago de intereses y amortizaciones, determinan el cuestionamiento de la capacidad de esos países para afrontar sus compromisos externos y, especialmente, para continuar contrayendo obligaciones, aunque éstas se limiten a la renovación de préstamos.

(…) Durante el período comprendido entre 1973 y 1981 el “reciclaje’ del superávit de los países exportadores de petróleo derivado de los incrementos en las cotizaciones del producto, determinó una creciente disponibilidad de fondos en la banca privada internacional que se dirigió a hacia los países industrializados, ya sea directamente o financiando las expansivas importaciones del mundo subdesarrollado.

Es así como la banca privada internacional adquirió particular relevancia en el financiamiento del déficit de los países subdesarrollados: los préstamos netos en el mercado internacional de capitales alcanzaron en 1980 a 180 mil millones de dólares, cifra cinco veces superior a la de 1973; los bancos aumentaron en ese lapso sus acreencias internacionales a una tasa anual promedio del 23%. El correlato de esta evolución lo constituye la situación de creciente endeudamiento que afrontan los países subdesarrollados, particularmente los no petroleros.

Uno de los aspectos más importantes, que puede afectar el futuro endeudamiento de los países subdesarrollados, es la elevada concentración de las deudas que algunos de ellos registran en la cartera de los bancos. Es por ello que el análisis del papel que desempeña el mercado de capitales en las economías subdesarrolladas está frecuentemente centralizado en la experiencia de unos pocos e importantes deudores: los cinco mayores prestatarios de la banca internacional (México, Brasil, Venezuela, Argentina y Corea) participan a fines de 1981 con el 50% de la deuda total de los países subdesarrollados

La estatización de la deuda externa privada

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 52, noviembre de 1982, pp. 6

Por la forma en que fueron originariamente contratados estos compromisos -cuyo monto global asciende a 5.500 millones de dólares con vencimientos que se escalonan a partir de noviembre y a lo largo de todo 1983-, y ante la evolución seguida por las cotizaciones de las divisas, el BCRA debería hacerse cargo de una importante diferencia de cambio entre el valor actual de los dólares en el mercado y la cotización convenida con los titulares de los referidos seguros. Pero, como es sabido, no dispone de las divisas para enfrentar esos compromisos, debiendo encarar su renovación, con los consecuentes efectos sobre la emisión monetaria.

A consecuencia de estas medidas, y como ya ocurriera en anteriores oportunidades, se producirá una significativa transferencia de ingresos del Estado hacia los titulares de deuda en moneda extranjera cubierta con seguro de cambio. A su vez, el fisco deberá captar esos fondos recurriendo al impuesto inflacionario.

El problema del desarrollo

FIDE, Coyuntura y Desarrollo nro. 79, marzo de 1985

El arduo proceso de renegociar compromisos externos constituirá por mucho tiempo un tema central en las políticas económicas de los países endeudados. Con ese telón de fondo, deberán ir seleccionando las estrategias más convenientes en cada etapa de su desarrollo histórico. Ello supone una permanente atención acerca de cómo va evolucionando el marco internacional con el objeto de fortalecer su participación en las corrientes comerciales y de capital, así como maximizar las posibilidades internas de crecimiento.

Este fenómeno del endeudamiento, que hizo crisis a principios de la década, se origina en causas estructurales muy profundas, propias del subdesarrollo. Difícilmente podrá ser tratado con éxito si se equivoca el diagnóstico, considerándolo como un transitorio problema de iliquidez superable, ya fuera por un golpe de fortuna -como, por ejemplo, que abruptamente se incrementara el valor de las exportaciones de materias primas-, o merced a la innata habilidad de alguien que sepa “negociar duro” con los acreedores, liquidando el problema de una vez y para siempre.

La situación se torna más grave en casos como el de la Argentina. Como es sabido, una parte significativa de la deuda fue contraída para facilitar el masivo egreso de capitales hacia el exterior (…). Vale decir que solamente una pequeña proporción del financiamiento se tradujo en equipamiento productivo. No existe por tanto la suficiente capacidad para generar riqueza como para pagarle a los acreedores sin deteriorar, hasta rangos intolerables, el nivel de vida de la población y las posibilidades de acumulación internas.

La industria en estado de emergencia

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, mayo 1989, pp 18-21

Cada vez son más las empresas -particularmente en las ramas textil, automotriz y metalúrgica- que se ven obligadas a recortar y hasta suspender la producción ante la imposibilidad de hacer frente a sus gastos operativos corrientes y el desabastecimiento de insumos (…); la recesión, que constituyó la tendencia predominante tanto a lo largo de todo 1988 (período durante el cual el PIB industrial retrocedió alrededor del 6%), así como del primer trimestre de este año (donde se estima que la retracción fue del 3%), es apenas una pálida imagen de lo que viene ocurriendo en el segundo tercio del año. Si la situación no se corrige rápidamente, esta profunda crisis productiva se generalizará todavía más.

Una de las características principales del perfil de las exportaciones manufactureras es la marcada especialización de las mismas y la existencia de un núcleo reducido de actividades que explican la casi totalidad de las ventas al exterior:

Si se analizan los datos de exportación a un mayor nivel de desagregación, el fenómeno de la concentración adquiere mayor intensidad: menos del 10% del total de los subgrupos industriales (apertura a 5 dígitos) concentra más de las tres cuartas partes del total de las exportaciones.

Dentro de las de origen industrial, el aporte más destacado está dado por algunas ramas productoras de bienes intermedios como las básicas ferrosas y no ferrosas, sustancias químicas industriales, refinerías de petróleo y otras industrias químicas, que han venido acrecentando su ponderación en lo que va de la década.

Lanzamiento del Plan de Convertibilidad

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, Nro. 152, Abril 1991, pp. 11-12

Si se analiza el contenido del actual plan de ajuste, se debe convenir que desde la óptica del Gobierno la crisis debe ser atacada en el plano monetario-fiscal, sin que importen las consecuencias que ello acarrea sobre el aparato productivo y el nivel de vida de los argentinos. En este aspecto, el plan se identifica con sus versiones precedentes, como el Austral y el BB. Tal enfoque reduce la inflación a sus causas monetarias, y no toma en cuenta los factores estructurales, tales como los derivados de los bloqueos existentes en el aparato productivo, los bajos niveles de productividad, el atraso tecnológico, el grado de desintegración industrial y el valor actual del stock del capital físico.

Cabe puntualizar, sin embargo, que si se centrara el análisis exclusivamente en el objetivo inmediato de la estabilización, se tendría una visión sumamente parcial del plan que se está implementando. Paralelamente a la convertibilidad, el Gobierno puso en vigencia, en abril de 1991, una vasta reforma arancelaria, cuyo resultado es reducir sustancialmente la protección del valor agregado nacional en el sector industrial. Esta reforma, que por sus alcances puede ser comparada con la aplicada durante la gestión del Martínez de Hoz, eliminó dos derechos específicos que favorecen a algunas ramas industriales , como la textil y la electrónica, y fijó una escala del 0, el 11% y el 22%, la cual presenta niveles tarifarios muy bajos y con un insuficiente escalonamiento.

Así, queda en evidencia que el sistema de convertibilidad, que subordina la oferta de dinero a los movimientos de la balanza de pagos, tiene como correlato, en el plano productivo, a la reforma arancelaria.

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, Nro. 158, Octubre 1991, pp. 2

Todos los actos que hoy ejecuta el Gobierno responden al objetivo de acelerar los cambios que, a su juicio, nos permitirán ingresar al primer Mundo. De acuerdo con sus proyecciones, la Argentina debería mostrar en los próximos meses mutaciones significativas con respecto al pasado. Las primeras manifestaciones en este sentido, proyectadas para madurar a lo largo del segundo semestre de 1992, estarían signadas por tres hechos salientes>: el ingreso en la Iniciativa de las Américas del presidente Bush, la culminación de las privatizaciones y la vigencia de crecimiento con estabilidad.

Cabe preguntarse cuál es la implicancia que todo ello tendrá sobre la evolución de los sectores reales, en torno a los cuales se vertebra el funcionamiento de la sociedad.

Para consolidar una nueva estructura productiva, cualquiera que ella sea, es necesario previamente pasar por una fase de acumulación. La única forma de acumular en este modelo es mediante una transferencia de riqueza subvaluada hacia aquellos agentes que tienen asignado el papel dinámico en la nueva etapa. Las fuentes no surgen de la nada, sino que se han venido generando a lo largo del tiempo. Ellas son: 1) una drástica y definitiva reducción en la masa de salarios pagados; 2) la apropiación de recursos mediante la especulación financiera; 3) la privatización de activos públicos.

Síntomas de una mayor vulnerabilidad externa

FIDE Coyuntura y Desarrollo nro. 195, noviembre de 1994, pp. 14-15

Este nuevo proceso de endeudamiento externo -tomado a costos cada vez más altos y con severas incógnitas acerca de su carácter reproductivo- en el que se está sumergiendo la economía argentina constituye, sin duda, una de las consecuencias más preocupantes generadas por el modelo de la convertibilidad. Tal inquietud cobra verdadera dimensión al advertirse que, simultáneamente, no parecen estar madurando las condiciones que permitan generar una mayor capacidad de repago.

La convertibilidad en el espejo del Plan de Martínez de Hoz

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 241, noviembre de 1998

“Suele, aunque sin precisión, identificarse al programa de política económica vigente con el implantado en 1976. Es cierto que ambos enfoques han buscado afanosamente la estabilidad de precios con suerte diferente, pero no lo es menos que el actual lo ha conseguido a través de elevado desempleo y a partir de un espectacular incremento de la oferta global, léase importaciones. Estas se financiaron con liquidaciones de activos nacionales y endeudamiento creciente, sin contemplar adecuadamente cómo sostener el "modelo" a largo plazo, habida cuenta de la inexistencia de una respuesta exportadora susceptible de proveer las divisas que el sistema demanda para su financiamiento sin sobresaltos.

Los resultados del programa de 1976 entonces no han sido satisfactorios, sobre todo si se los confronta con sus objetivos iniciales y si se los compara con el enfoque denominado convertibilidad. Inflación, estabilidad cambiaria, desregulación y apertura quedaron a mitad de camino. La eterna cuestión fiscal no se resolvió y el crecimiento de la actividad económica estuvo lejos de acortar la brecha entre expansión real y potencial, a pesar de una fuerte recuperación en los coeficientes de inversión y de elevados niveles de empleo.

Programas e inspiración ideológica parecidos y sin embargo resultados abiertamente distintos. No es difícil imaginar a qué se debe la diferencia. Como siempre, no existe una causa única para explicar fenómenos sociales como son los económicos. Por ello es inevitable buscar concausas, aunque se corra el riesgo de que algún razonamiento quede afuera.

Sólo la reciente experiencia hiperinflacionaria pudo justificar la cirugía mayor sin anestesia que implantó pacíficamente el programa en abril de 1991. Sólo una conmoción psicológica de envergadura puede explicar la reelección presidencial en 1995, en un contexto de desempleo abierto próximo al 20%. Sólo heterodoxos, pero onerosos mecanismos de compensación, pueden justificar una estabilidad monetaria-cambiaria virtualmente inédita en la economía contemporánea, paradójicamente dominada por desprolijos déficits fiscales que siempre han espantado al establishment.

Bueno, la estabilidad dominante se explica, básicamente, por el elevado desempleo y subempleo y por una apertura económica que no contempló los mínimos resguardos para diferenciar las ventajas de la competencia internacional de las agresiones comerciales desmanteladoras, lo cual es muy distinto teórica y prácticamente. Por fin, el desguace del Estado, la enajenación de patrimonios privados a inversores también extranjeros y una acumulación de deuda externa pública y privada de excepcional magnitud, financiaron un significativo aumento del componente importado de la oferta global que, salvo en el caso de monopolios naturales protegidos, mantuvo necesariamente en línea cualquier intento de ajuste interno de precios. Este conjunto de factores contribuyó decisivamente a sostener la estabilidad, a pesar de que la acumulación de déficits públicos y de balance de pagos fue adquiriendo alturas inéditas, incompatibles con enfoques tradicionales sobre etiologías inflacionarias.”

Marcelo Lascano

"Pero la raíz del problema actual en muchos casos no es que el Gobierno haya intervenido demasiado en muchas áreas, sino lo poco que lo ha hecho en otras. En Tailandia el problema no fue que el Gobierno hiciera inversiones en bienes inmuebles, sino que los reguladores gubernamentales no las supieron detener a tiempo. De modo similar, la República de Corea también sufrió problemas debido a que prestó en exceso a compañías con alto nivel de riesgo y débil gobernancia corporativa. Pero el error no estaba en que el Gobierno dirigiera equivocadamente el crédito -el hecho de que la reciente crisis fuera causada por créditos de bancos estadounidenses, europeos y japoneses sugiere que las entidades "de mercado" también pueden dirigir equivocadamente el crédito-. El verdadero problema fue la falta de intervención gubernamental, la subvaloración por el Gobierno de la importancia de la regulación financiera y de la gobernancia corporativa"

Salir del infierno

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 274, enero de 2002

El ex ministro Cavallo dejó la economía como un campo minado. Se precisaría contar con gran experiencia acumulada en el manejo de situaciones de este tipo y, fundamentalmente, mucho tiempo por delante para desactivar cada una de esas trampas eligiendo la manera más eficaz para minimizar las pérdidas humanas y materiales. Lamentablemente, existen pocos antecedentes en el mundo acerca de cómo se sale, minimizando los daños, de un esquema tan perversamente trabado como el que rigió durante la última década en nuestro país. Peor aún, no se cuenta ni con tiempos lo suficientemente extensos ni con un muy amplio consenso de la ciudadanía, que permitieran probar y errar con distintas alternativas hasta encontrar aquélla que muestre ser superadora y virtuosa para cambiar el régimen.

Queremos con esto subrayar, en primer lugar, que no hay ejemplos similares al argentino que igualen la obcecación con que se mantuvo la convertibilidad pese a los riesgos latentes, cada vez más ruidosos, que se manifestaron ya en 1995 a partir del efecto tequila y peor todavía luego de la devaluación del Brasil. En segundo término, el muy tenso e irritable contexto social vigente obliga a buscar la salida y acertar con la vía correcta trabajando virtualmente en tiempo real. Las idas y vueltas respecto al tratamiento de los depósitos y deudas en dólares han tenido consecuencias exasperantes, especialmente en los tramos medios de la población.

Esta última combinación de factores, fruto de los referidos ensayos, constituye en si misma otra de las bombas cuyo tic tac viene amenazando a la actual gestión de la economía. No puede ignorarse que el ruido resulta artificialmente potenciado por la presión que ejercen aquéllos que, siendo los grandes ganadores de la última década, no se resignan fácilmente a hacerse cargo de, por lo menos, una parte de los costos a soportar por cambiar el modelo. Los mismos que auguraban hiperinflación y gran corrida al dólar para el día siguiente de votada la ley que terminaba con la convertibilidad, ahora anuncian que esos males son previsibles para marzo próximo. Y el FMI agregó lo suyo, al recomendar grandes sacrificios adicionales a un país como el nuestro que tiene la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza.

La llegada del kirchnerismo

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 287, julio de 2003

El Presidente Kirchner ha ratificado su decisión de colocar la prioridad de su gestión en el crecimiento económico y en una mayor equidad distributiva, descartando un nuevo superajuste fiscal al estilo del que se está desenvolviendo en el Brasil. La experiencia argentina reciente arroja probada evidencia de que, debido a la fuerte insuficiencia de demanda que caracteriza a su economía, los ajustes fiscales agravan los problemas y anclan las posibilidades de recuperación en los niveles de actividad y de empleo.

Ahora bien, una estrategia económica sustentada en políticas más heterodoxas en materia fiscal y monetaria significa inevitablemente confrontar con el recetario tradicional del FMI, en un momento en que el Gobierno enfrenta la urgencia de alcanzar algún tipo de acuerdo con dicho organismo para renegociar sus compromisos por más de 6.000 millones de dólares que vencen en el último trimestre del año. La visita del Director General del FMI a la Argentina puede ser considerada como el inicio en el proceso de esa negociación que promete ser ardua y que previsiblemente irá arrojando resultados por etapas. Además, es un condicionante de la negociación que, en paralelo, deberá desenvolverse con los acreedores privados externos.

(…)

La decisión del Gobierno argentino de vincular el pago de su deuda con la capacidad de crecimiento económico parece ser el eje común que guiará la negociación externa, no sólo con los organismos multilaterales sino también con los tenedores de títulos argentinos.

El pago al FMI

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 305, enero de 2006

Junto a los buenos resultados macro, fiscales y de las cuentas externas, 2005 concluyó con un anuncio trascendente: la Argentina cancelaba anticipadamente su deuda con el FMI.

Pero el debate ideológico se encuentra lejos de estar concluido. Una idea del grado en que se encuentra instalado el pensamiento convencional en materia económica la da su admirable capacidad para convertir algunos temas en virtuales “vacas sagradas”, materias acerca de las cuales no se pueden discutir. Y ello se advierte ante algunas concesiones -a nuestro juicio innecesarias- que la actual gestión, quizá temporariamente, hizo en esta oportunidad a tales preceptos sacrosantos. Nos estamos refiriendo a la decisión de aceptar acríticamente la ineludible necesidad de contar con un gran superávit fiscal (no sólo primario, sino también financiero), ratificar la absoluta independencia del Banco Central (entregándole un bono por las reservas utilizadas, en lugar de modificar su carta orgánica) y respaldar con divisas el 100% de la base monetaria. Todo ello parecería ser un conjunto de requisitos imprescindibles para ser “un país creíble”. Algo que está lejos de ser demostrable.

La energía, ventaja comparativa o límite al desarrollo

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 308, agosto de 2006

La privatización de YPF y Gas del Estado se llevó a cabo sin que los beneficiarios de las mismas se vieran obligados a invertir en la búsqueda de mayores reservas. En consecuencia, los pozos de exploración vienen siendo cada vez menos desde 1995 y los gasoductos que se construyeron se destinaron exclusivamente a la exportación hacia Chile.

Es más: analizando el comportamiento de la inversión privada en el rubro hidrocarburos y constatando su carácter depredatorio, puede concluirse que las decisiones sobre el futuro argentino ya se vieron fuertemente condicionadas por la crisis del tequila, que arranca en diciembre de 1994, a partir de la cual las petroleras bien pueden haber llegado a la conclusión de que tarde o temprano el régimen de la convertibilidad terminaría derrumbándose. Se trataba entonces de maximizar la apropiación del excedente, beneficiándose de las inversiones de riesgo que durante décadas había efectuado el Estado en la búsqueda de reservas petroleras y gasíferas, y hacerlo a la mayor velocidad posible para canalizar sus rentas hacia otras localizaciones del planeta.

Como parte del mismo esquema se estimuló un uso irracional de esos recursos no renovables, alentando su exportación y desalentando el desarrollo de otras fuentes de energía, privilegiando el uso del gas para su generación. Coherentemente con su adscripción a los paradigmas neoliberales, el Gobierno argentino en los noventa descartó de plano cualquier ensayo de planificación energética estatal, asumiendo que las decisiones de inversión quedaran sujetas a las “señales del mercado”, que en esta materia quiere decir que la planificación la hacen las multinacionales del petróleo a nivel planetario.

(…)

Vale decir que por ambos conceptos -subvaluación de las exportaciones gasíferas a Chile más retención de dólares originados en la exportación petrolera por las empresas privadas- la economía argentina perdió recursos cuyo monto equivale al aumento de su deuda pública en moneda extranjera acumulado entre 1995 y 2003.

(…)

Inevitablemente, la discusión acerca de qué hacer en las actuales circunstancias lleva a poner en el centro del debate el tema de la apropiación de la renta, la aplicación de la misma a la formación de capital en los sectores básicos de la economía y el papel del Estado en todo ese proceso.

Los fondos especulativos

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 310, noviembre de 2007

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los sucesivos períodos quinquenales a partir de 1945, se comprueba que el lapso 2003/2007 no sólo sería aquél en que la tasa promedio anual fue la más alta y sin fluctuaciones, sino que la misma virtualmente triplicará al segundo mejor, ocurrido en el lapso 1991/1995, cuando alcanzó al 5,7 promedio anual.

Este dato vendría a confirmar la hipótesis de que la Argentina no se encuentra en una fase de transitoria recuperación originada apenas en factores exógenos sino que, a partir de ciertas decisiones de política económica, su expansión ha venido ganando sustentabilidad de largo plazo. Claro, esto último requiere que la política económica esté permanentemente a la altura de las nuevas circunstancias y, fundamentalmente, cada vez sea mayor la "sintonía fina" en las decisiones que se adopten y las instituciones a implantar, algo que por ahora sólo se verifica a medias.

(…)

Como siempre, la entrada de fondos especulativos constituye un peligro para los equilibrios internos del país huésped; fluctuaciones como las recientemente ocurridas en la Bolsa de Tailandia son ilustrativas al respecto. Las mismas no hacen más que reiterar las duras lecciones del pasado cercano sobre el elevado poder desestabilizador de las corrientes financieras y la necesidad de encauzar su comportamiento en límites de creciente rigidez en los controles, más aún cuando la vigencia de un tipo de cambio real elevado constituye la pieza maestra de la política económica.

En el caso argentino la situación resulta, paradójicamente, agravada por el incentivo que genera la cláusula indexatoria según crezca el PIB de que gozan algunos de los títulos emitidos en el canje de la deuda externa en default ofrecidos a los acreedores privados.

Los hechos demuestran que se trató de una decisión que, en su oportunidad, no constituyó estímulo alguno para los tenedores de papeles en default y ahora se presenta como una complicación adicional, tanto en materia de pagos externos como por el atractivo que otorga a las colocaciones financieras como alternativa a la inversión real. Implica en los hechos un adelanto en la devolución de la deuda respecto a lo programado originariamente, sin obtener ventaja alguna a cambio.

Supuestamente, ello mejoraría la reputación de la Argentina en las finanzas internacionales. Sin embargo, por ahora, no se advierte que quienes perciben esa renta muestren mayor interés en participar de inversiones de riesgo en la Argentina. En el balance de pagos de los próximos años es probable, por el contrario, que ello se refleje en un mayor ahorro externo negativo, precisamente en una etapa en la cual resulta prioritario contar con inversiones de riesgo dirigidas a ampliar la capacidad instalada para producir bienes y servicios.

La realización del futuro: una obstinada misión

FIDE Coyuntura y Desarrollo nro. 321, diciembre de 2008, pp.1

El modelo económico anglosajón, que fue hegemónico en los últimos treinta años, agoniza, si bien no cabe dar por descontado que su muerte sea inmediata. El futuro es incierto, ya que no aparece alternativa a la vista. No cabe duda de que el capitalismo, como categoría histórica, si quiere subsistir, debe encontrar nuevos paradigmas. Nos atrevemos a señalar que tanto el gatopardismo como la propuesta de “volver a Keynes” no constituyen alternativas sustentables. El sistema está en crisis, afortunadamente, porque es imposible volver al pasado -los años dorados de Thatcher y Reagan, el Consenso de Washington y las “misiones de ayuda” enviadas por el FMI-, cuyas consecuencias regresivas y muy desestabilizadoras ya nadie puede ignorar. Pero la gran cuestión ahora pasa por la imposibilidad de predecir cuánto durará el actual estado crítico y cuál será el destino del mundo en el mediano y largo plazo.

La reestructuración de la deuda argentina

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 355, julio 2015

A partir de 2005 comenzó el proceso de regularización de pasivos en default y desendeudamiento que permitió al país comenzar a extirpar una de las principales restricciones para recuperar soberanía y grados de libertad en el diseño de la política económica. El Canje de la Deuda de 2005 constituyó uno de los procesos de reestructuración más exitosos de la historia por la magnitud de la adhesión, las condiciones de la operación y el subsiguiente desempeño macroeconómico del país. Esa operación permitió la regularización del 76% de los bonos después del default en diciembre de 2001. Fue la operación con la quita más importante de la historia, alrededor del 66%, con una significativa reducción de las tasas de interés y la extensión de los plazos hasta 2038.

La cancelación anticipada de la deuda con el FMI a comienzos de 2006 (9530 millones de dólares) permitió reducir la deuda externa en un 14% adicional. En 2010 se llevó a cabo una segunda operación de canje de deuda. La reapertura de la operación elevó el grado de adhesión hasta el 92,4 por ciento. Pero el proceso de desendeudamiento y administración de pasivos continuó: desde 2011, Argentina garantiza el pago de los vencimientos de deuda con tenedores privados a través del uso de las reservas del Banco Central y en 2013 se alcanzó un acuerdo con compañías que tenían fallos favorables en el CIADI para que levanten sus demandas a cambio de un pago con bonos. El último hito en el proceso de regularización de la deuda pública fue el acuerdo con los 19 países acreedores del Club de París.

El cumplimiento de todos los compromisos de deuda asumidos por el actual proyecto político desde 2003 implicó pagos de deuda por cerca 190.000 millones de dólares de capital e intereses, de los cuales 100.000 millones fueron pagos en moneda extranjera. El proceso de desendeudamiento, el más relevante del mundo en relación a su peso sobre el PIB, estuvo acompañado por una favorable reconfiguración de la estructura de los pasivos externos del país. En 2003 el total de la deuda bruta del sector público nacional representaba el 139% del PBI; durante 2013 cayó hasta el 40%. Pero la transformación es más relevante cuando se considera la deuda neta de acreencias intra sector público (bonos en poder de organismos estatales). En ese caso, la deuda con el sector privado y organismos multilaterales el pasivo desciende al 16% del PIB (el 10,6% es deuda con privados). Además, como resultado de la reestructuración se extendió la vida promedio de la deuda. Los pasivos con privados en moneda extranjera tienen una vida promedio de 13,7 años, mientras que en 2003 el indicador rondaba los 7 años. Otro elemento relevante es la reducción del peso los bonos emitidos con legislación extranjera, aquéllos que pueden caer en una situación inducida de default, que hoy ascienden al 14% del total de la deuda regularizada.

La inversión, motor del desarrollo

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 333, enero de 2010

La definitiva solución del default con los acreedores externos, institucionales y privados, ayudará bastante; otro tanto supone ratificar una muy activa intervención de la Autoridad Monetaria como instrumento para el desarrollo económico y el financiamiento del sector público: operaría en igual sentido el ampliar y diversificar las exportaciones, así como extender la sustitución de importaciones, atacar las raíces estructurales de la inflación y minimizar la brecha en la distribución del ingreso. Todos ellos son objetivos loables y los más compatibles con aquellos cambios esperados en el marco externo. La condición necesaria pasa por una mayor tasa de inversión y la suficiente es que la misma se oriente a dotar a la economía de una base material -realización de grandes proyectos industriales, provisión de infraestructura energética y de comunicaciones, ejecución de obras públicas dirigidas a resolver las carencias sociales- que sea compatible con los ambiciosos objetivos de desarrollo económico con equidad exigidos por las actuales tendencias. Estos últimos, a su vez, resultan de imposible realización si la economía no crece acorde con sus potencialidades.

Esos emprendimientos requieren, en todos los casos, llevar a cabo un notable esfuerzo de acumulación de capital, donde no sólo sea tan activa la acción del Estado como ha ocurrido desde 2003 en adelante, sino también exista un mayor compromiso del sector privado.

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 332, noviembre de 2010

Las determinaciones más acertadas tomadas en materia económica a partir de 2003 por el Gobierno argentino tuvieron un común denominador: siempre implicaron poner patas para arriba a los preceptos del saber convencional. Así ocurrió tanto en el caso de acciones como en el desendeudamiento con el FMI, al rechazar el ingreso al ALCA estimulando paralelamente la UNASUR, con la estatización de los fondos previsionales en poder de las AFJP, al poner en vigencia las convenciones colectivas de trabajo, al renovar la legislación en materia jubilatoria e incorporar 2.500.000 nuevos beneficiarios, al crear la Asignación Universal por Hijo y optar por una muy jugada utilización del gasto público con el objeto de sostener el dinamismo en el mercado interno. Esta es una lista corta; sólo contiene algunos ejemplos destacados, pero la juzgamos suficiente para probar la forma en que se aplicó, en la práctica, un modelo que avanzó en sentido inverso a las recomendaciones de la ortodoxia.

Pero, cabe reiterarlo, la viga central en que se apoya esta concepción acerca del “arte de gobernar” pasa por haber dado vuelta al dogma establecido según el cual el poder político debía estar al servicio de los economistas preferidos por el establishment local, con buena llegada al mundo de los negocios globalizados y en perpetuo vínculo con el FMI. Nada podía hacerse que inquietara a las corporaciones y a los financieros internacionales; en consecuencia, lo decisivo en un gobierno era elegir un ministro de Economía que fuera miembro del selecto club integrado por los “confiables” para el poder económico. Muchas veces, aceptar esas exigencias suponía contradecir las promesas que había decidido el voto ciudadano.

(…)

El Gobierno debería aprovechar la actual fase positiva que muestran los mercados externos de materias primas agropecuarias para estimular el generalizado desarrollo de las cadenas de valor en el sector manufacturero local y el porcentaje de sus colocaciones externas de bienes con origen industrial, así como alentar una mayor diversificación en las producciones primarias, evitando la tendencia a la sojización.

La globalización financiera y la crisis del desarrollo

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 354, mayo de 2014

Es importante insistir en el carácter estratégico que para las naciones en desarrollo tiene el fortalecimiento de las instituciones y regulaciones a los flujos de capital de corto plazo recreadas por muchas economías emergentes durante la última década, particularmente a partir de la crisis del 2008-2009. Contrariamente a lo que subyace en las recomendaciones de los organismos internacionales indicando que estas regulaciones deberían desmontarse una vez que la economía mundial retorne a la “normalidad”, estos mecanismos deben ser parte permanente del instrumental anticíclico del que dis-ponen nuestros países para atenuar los impactos desestabilizadores de los flujos financieros.

Al cúmulo de trabajos teóricos que describen los impactos negativos sobre las economías emergentes provocados por los flujos de capital financiero de corto plazo, se le han venido sumando importantes estudios empíricos que muestran con elocuencia cómo aquellos países que son receptores pasivos de tales flujos ven seriamente cuestionada su autonomía para hacer política monetaria, aún en aquellos casos en los que rigen regímenes de tipo de cambio flexible. Tales investigaciones ponen en evidencia, asimismo, que una integración pasiva a estas corrientes de recursos financieros de corto plazo no sólo aumenta las posibilidades de crisis financieras y cambiarias, sino que durante la fase alcista del ciclo, en ausencia de controles, induce apreciación cambiaria, fenómeno que a su turno acentúa el sesgo hacia la primarización de sus estructuras productivas.

La globalización financiera, en consecuencia, ha introducido un nuevo componente de vulnerabilidad externa para nuestros países, ampliando las debilidades inherentes a la vigencia de estructuras productivas poco diversificadas y cíclicamente afectadas por el deterioro en los términos del intercambio. En esta realidad el rol de la inversión externa directa no es neutro, ya que si las condiciones de rentabilidad sectorial estimulan su orientación hacia la explotación de materias primas, estos capitales no sólo contribuyen a acentuar el perfil primario de esas economías sino que, a pesar de su naturaleza de más largo plazo, también pueden ejercer impactos pro cíclicos que agudizan la restricción externa.

(…)

En el centro de los problemas de restricción externa que está exhibiendo la economía argentina, tanto el desequilibrio energético como el creciente déficit industrial aparecen como las cuestiones prioritarias a abordar para garantizar la sustentabilidad del crecimiento y del empleo. Y en esa perspectiva se enmarca la recuperación del manejo estratégico de los recursos energéticos que guió la nacionalización del 51% de nuestra principal empresa petrolera. Argentina, que se ubica tercera en el ranking de países con reservas de petróleo y gas no convencionales, presenta un enorme potencial para convocar a la inversión externa, siendo éste el ejemplo de un aporte virtuoso de la IED en términos de sustentabilidad del sector externo, siempre y cuando la contrapartida sea la autonomía energética, aporte neto positivo de recursos en divisas y fuente de competitividad para la industrialización. Argentina, al igual que la gran mayoría de los países de la región, ha cegado a través de su política de desendeudamiento uno los principales factores históricos de crisis externa. Todos sus indicadores de vulnerabilidad externa muestran una solvencia que no se tenía en la década de los años ‘90. En lo que se refiere a la estabilidad del sistema financiero, se ha eliminado a través de regulaciones macroprudenciales específicas el riesgo derivado del descalce de monedas, fenómeno que explicó la profundidad de la crisis financiera de 2001-2002.

Nuestro país dispone, entonces, de un amplio espacio para buscar recursos externos que se orienten hacia aquellos destinos estratégicos que remuevan los obstáculos estructurales y garanticen capacidad de repago. Son importantes en tal sentido los pasos que el Gobierno argentino viene dando para alcanzar acuerdos en torno a los compromisos con el Club de París, así como en los juicios pendientes con empresas privadas en el CIADI. No menos importante es garantizar la continuidad del pago de deuda reestructurada, y de allí la relevancia de las presentaciones realizadas ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que tome el caso del juicio de pari passu mantenido con los Tribunales de Nueva York.

Ahora bien, vale la pena insistir en que el carácter virtuoso (o no) que asuma el acceso de Argentina, ya sea de su Estado soberano como de sus empresas públicas y privadas, a las corrientes de inversión directa o de financiamiento, depende de manera decisiva de cómo se asignen esos recursos y de la capacidad para remover las causas estructurales del estrangulamiento externo que ellos demuestren. Dicho en otros términos, se trata de probar su aptitud para promover el proceso de desarrollo, que supone lograr transformación productiva y una más equitativa distribución del ingreso.

La especulación financiera como nueva fase del capitalismo

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 355, julio de 2014

Lejos están ya aquellos años dorados de los Estados de bienestar, una forma de capitalismo keynesiano, desenvuelta para superar la depresión europea de la segunda post guerra y contener el avance del comunismo, que se agotó a mediados de los años setenta. Hoy impera un modelo de acumulación que privilegia a la especulación financiera, generando un escenario planetario de gran inestabilidad. La Argentina fue entre 1976 y 2002 uno de los espacios nacionales en los que más hondo hizo pie ese modelo. Uno de sus correlatos más gravosos fue su gran deuda externa, multiplicada gracias al Blindaje y el Megacanje implementados entre 2000 y 2001, y a pesar de la solvencia recuperada durante la última década, aparece como una herida que todavía supura.

La fragilidad intrínseca a una economía mundial cuya dimensión financiera equivale a diez veces el producto real, desembocó en la gran crisis de las finanzas globales iniciada en 2007. Sus impactos negativos apenas se vienen atenuando en los últimos meses, pero todavía con destino incierto. En este contexto ideológico que guía las reglas e instituciones que viabilizan este patrón de acumulación financiera, se asiste a una reducción de los espacios de soberanía de que disponen los Estados nacionales para hacer políticas autónomas a favor de la producción y el empleo, al tiempo que se naturaliza al viejo pecado de la codicia como rasgo distintivo de un actor económico, el especulador en activos financieros y sus derivados.

Desde nuestro punto de vista, entonces, la especulación no es “una enfermedad de los sistemas financieros” (como sucede con la sarna o la bronquitis en los seres humanos), sino que constituye, en sí misma, el rasgo saliente del capitalismo en su fase de globalización financiera como sistema hegemónico contemporáneo. Es en ese marco conceptual donde debe evaluarse la correlación de intereses (y de sus respectivas fuerzas) que actualmente enfrenta la Argentina. Un rol destacado, claramente funcional a los intereses del capital especulativo, es desempeñado por el sistema jurídico norteamericano, que, vulnerando el más básico principio de equidad, no hesitó en poner en jaque el complejo y exitoso proceso de reestructuración de deuda argentina.

Blindaje y "lluvia de inversiones"

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 355, julio de 2014

Los carroñeros de las finanzas internacionales son el resultado más marginal del proceso de liberalización financiera que ocurrió desde finales de la década de los ’70 a escala mundial y que tuvo su inicio con la “crisis del petróleo”. Antes del inicio del proceso de globalización financiera, Argentina presentaba indicadores de endeudamiento bajos y estables. La deuda externa total, pública y privada, contraída hasta entonces fundamentalmente con organismos multilaterales y gobiernos, osciló en un rango de 10% a 15% del PIB entre comienzos de los años sesenta y mediados de los setenta. Uno de los factores determinantes que impulsaron los procesos de endeudamiento externo (y un cambio en su configuración) fue la escalada del precio internacional del petróleo a comienzos de la década del setenta. Esos flujos de petrodólares fueron facilitados en el plano interno a través de la profunda reforma de liberalización financiera de 1977 llevada a cabo durante la última dictadura militar. Esa reforma estuvo acompañada por el progresivo levantamiento de los controles cambiarios a las operaciones privadas por la cuenta capital, entre 1978 y 1980. El proceso de apertura financiera irrestricta y endeudamiento se aceleró a partir de 1990 con el Plan Brady y los programas de “estabilización” del FMI.

La dinámica de sobreendeudamiento que comenzó a mediados de la década del setenta constituyó desde entonces una restricción para el crecimiento económico y una fuente de fragilidad financiera para el país. Al mismo tiempo, el modo de acumulación que garantizaba esa dinámica se apoyó en la desarticulación de la estructura productiva con sus efectos desindustrializantes y su contracara en términos de disciplinamiento social a través del aumento del desempleo estructural y la precarización de las condiciones laborales alcanzadas.

En 2002, la deuda pública bruta con acreedores privados y organismos multilaterales ascendía a 166% del PIB. Para alcanzar esos guarismos fueron necesarias las últimas y ruinosas operaciones de endeudamiento realizadas durante la convertibilidad: el Blindaje y el Megacanje, que como señalamos al comienzo, generó el 69% de los bonos que hoy están en poder de los buitres.

El “Blindaje” implementado por el gobierno de la Alianza a fines de 2000, fue el eufemismo utilizado por el presidente Fernando De la Rúa, su ministro de Economía José Luis Machinea y la conducción del Fondo Monetario Internacional para anunciar un crédito de 40.000 millones de dólares para Argentina. El objetivo, según anunciaron las autoridades, era prevenir los efectos del desempleo y la exclusión social.

En aquel momento (...) la presión de la deuda sobre las cuentas públicas era agobiante: el Presupuesto del 2000 preveía destinar el 20% de los recursos al pago de la deuda externa. La señal del Blindaje (tomar un crédito para pagar créditos previamente asumidos) desataría una lluvia de inversiones externas que llegarían al país con la certeza de que el Gobierno pagaba sus deudas a como diera lugar. Pero la lógica del Blindaje era aún más despiadada. A cambio de una suma de dinero que, en el mejor de los casos, reducía el rol del Estado a un mero pasamanos (puesto que ni bien recibía los dólares debía aplicarlos al pago de deudas preexistentes), las autoridades se comprometían a implementar las tradicionales condicionalidades del FMI.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 355, julio de 2014

Con el estallido de la crisis internacional, las potencias hegemónicas activaron dos de sus tradicionales estrategias defensivas: el despliegue de políticas comerciales proteccionistas y la apertura forzada de mercados en las economías periféricas. Con esos proyectos no sólo buscan colocar sus excedentes de producción en el resto del mundo, sino también lograr en ciertos países condiciones preferenciales para la inversión que garanticen la recomposición en los márgenes de ganancia y su preservación a mediano plazo.

En tal sentido, la estratégica firma de acuerdos encarada por Estados Unidos y la Unión Europea con países en vías de desarrollo opera a su vez como un mecanismo elegido para limitar la creciente influencia política y económica de China en distintas regiones del mundo. Al mismo tiempo, esas propuestas magnifican las restricciones existentes en nuestras economías para profundizar las iniciativas de integración del tipo sur-sur y dificultan el abordaje de las asimetrías del intercambio que existen en el creciente vínculo con China.

(…)

La firma de ese TLC liberalizaría alrededor del 90 por ciento del comercio interbloque mediante la disminución de diferentes barreras comerciales, y lo haría en un período de 10 años.

Firmar este acuerdo no sólo tendrá implicancias macroeconómicas nocivas de corto plazo –desempleo, redistribución regresiva del ingreso y pérdida de soberanía–, sino que perpetúa una forma de inserción internacional para la región como proveedora de materias primas y representa el abandono de cualquier esbozo de estrategia de desarrollo a través de la industrialización observado a lo largo de los últimos años.

La administración del comercio exterior y la regulación de las inversiones extranjeras constituyen dos condiciones nece-sarias para cualquier proyecto de desarrollo industrial en una economía periférica como la argentina. El margen de maniobra es reducido dado que: 1) las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) restringen el espectro de la política comercial, y 2) las posibilidades de incidir sobre los extendidos desequilibrios en las cadenas de valor manufactureras son marginales, dadas las características estructurales de dislocación productiva predominantes en el ciclo mundial de la industria bajo control de multinacionales (un dato adicional: el 60% del comercio mundial es intrafirma). Esas restricciones son amplificadas por el entramado de Tratados Bilaterales de Inversión vigentes.

Sin embargo, para mantener alejada la restricción externa, evitar una mayor reprimarización de sus estructuras productivas y garantizar la soberanía económica de los países de la región, es imperioso sostener (y ampliar) los márgenes de política disponibles, así como buscar nuevos caminos para revitalizar el relegado proceso de integración regional. Una nueva frustración del acuerdo entre el Mercosur y la UE (resultado plausible si los bloques no intercambian formalmente sus ofertas de productos y servicios que están dispuestos a liberalizar antes que concluya el Mundial de Fútbol de la FIFA) es ne-cesario pero no suficiente. Se requiere que la inédita sintonía política en la región se reproduzca en la escena económica y financiera. Para lograrlo, es imperioso que Brasil asuma un liderazgo definido y positivo.

Los procesos inflacionarios: una explicación heterodoxa

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 358, enero 2015

Resulta muy cuestionable la explicación fiscal de los procesos inflacionarios latinoamericanos a partir de la evidencia empírica presentada, que parece no sólo mostrar la inexistencia de una relación causal directa entre déficit fiscal y presiones alcistas sobre los niveles de precios internos, sino que incluso, en algunos momentos, el comportamiento verificado parecería ser el inverso al supuesto por la ortodoxia.

Es necesario que entendamos que la inflación es un fenómeno multicausal de extremada complejidad. Intentar explicar la evolución de la misma a partir de la observación de una única variable resulta una ambición tanto errada como pretenciosa. Intervienen entre las múltiples determinaciones de este proceso factores de tipo estructural, vinculados a las expectativas, componentes inerciales, impactos cambiarios y otros factores cuya enumeración podría continuar.

Las simplificaciones muchas veces sirven para lograr comprender y describir de manera clara diversos fenómenos; las simplificaciones excesivas sólo agregan una mayor confusión en torno a los mismos.

(...)

Para los economistas heterodoxos, la política monetaria y la política fiscal tienen un efecto limitado sobre la inflación, a pesar de que ambas pueden ser instrumentos muy fuertes para afectar el nivel de actividad. La estabilización es asociada con la eliminación de la inercia, promoviendo la erradicación de la indexación de los contratos salariales y la reducción de los efectos de los shocks de oferta que puedan obtenerse, en la medida de lo posible, a partir de los controles de precios y el control de cambios, y por último, pero no menos importante, por algún tipo de pacto social que aplaque el conflicto distributivo.

En esta visión no hay necesidad de atarle las manos al Banco Central, una vez que el origen de la inflación está relacionado a los problemas del desarrollo, y no a un comportamiento de este último incompatible con los fundamentos de la economía. Cabe notar que la interpretación monetarista de la inflación, para el caso latinoamericano y particularmente el argentino en los años ‘80, choca con un problema insuperable. Si se supone que la aceleración inflacionaria ocurre por exceso de demanda, la cuestión es entonces cómo es posible que se haya dado justamente en un momento de colapso de la economía conocido como la ‘década perdida’. Lo mismo es válido para la experiencia argentina más reciente, donde la aceleración de la inflación se ha dado, desde el 2011, en un contexto de desaceleración del crecimiento. La única forma que tendría la teoría convencional para explicar esta paradoja sería si hubiera habido un colapso de la oferta, generando exceso de demanda por esa vía, pero nadie ha propuesto semejante disparate.

En la visión heterodoxa, el papel del Banco Central no se reduce al control de la inflación, sino que es un instrumento adicional del proceso de desarrollo (Marcó del Pont, 2011). La tasa de interés, por sus efectos sobre los flujos de capital y el tipo de cambio, tiene efectos no sólo sobre la expansión del crédito y el nivel de actividad, sino también sobre la distribución de los ingresos. En este contexto, la estabilización se basa en las políticas de ingresos, en lugar de la austeridad macroeconómica. Tradicionalmente los acuerdos institucionales, tal como a nivel nacional el sistema de negociación colectiva de salarios, eran esenciales para las prácticas de fijación de las remuneraciones que redujeron las tendencias inflacionarias. Además, controles de precios y el control del tipo de cambio pueden ser instrumentos para reducir las presiones inflacionarias.

Los economistas heterodoxos han desafiado la sabiduría convencional al proponer un enfoque de la inflación basado en el conflicto distributivo, los shocks de oferta adversos y los mecanismos de propagación. El dinero endógeno a menudo complementa la visión aceptada entre estos autores. La principal diferencia entre la sabiduría convencional y todos los puntos de vista heterodoxos de la inflación descansa en la creencia de los primeros en la eficiencia del mercado. Para la teoría neoclásica es la irrupción de algún choque externo el fenómeno que impulsa la inflación en un sistema que, de lo contrario, funcionaría perfectamente. Por lo general, ello se corporiza en un exceso de emisión de dinero por parte del Gobierno. Para los heterodoxos, no hay ningún elemento extraño que entre en juego cuando se sostiene que los conflictos sociales y las limitaciones estructurales son finalmente resueltas por la inflación, típicamente, al permitir el aumento de los costos.

No es sorprendente que la investigación ortodoxa se haya concentrado en las explicaciones sobre el comportamiento inflacionario del Gobierno. Tal conducta, a su vez, se suele explicar en términos de beneficios electorales de corto plazo. En el ámbito de esta perspectiva, es el proceso exterior de la política el que contamina el buen funcionamiento de la economía de mercado. Por el contrario, las teorías alternativas han hecho hincapié en la vieja tradición de la economía clásica según la cual la distribución está determinada por variables sociales y las instituciones desarrolladas en cada etapa histórica. En ese contexto, el impulso creativo de la historia viene dado por el conflicto de fuerzas antagónicas en la esfera productiva. La inflación se ve entonces como el vector de solución mediante el cual algunos conflictos generados en el proceso de desarrollo económico se van calibrando. Al final, los economistas heterodoxos sostienen que las contradicciones internas del funcionamiento de una economía de mercado son esenciales para entender los procesos inflacionarios.

La cuestión del empleo digno

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 358, enero 2015

La informalidad y la precariedad laboral representan una secular característica estructural del mercado de trabajo argentino. La tercerización y contratación de mano de obra no registrada siempre fue un fenómeno generalizado para reducir los costos de producción, disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir los riesgos a terceros. Si bien no se llegó a los extremos de otras economías en la región, la profusión de la pauperización de las condiciones de trabajo operó, en distintas etapas de nuestra historia económica reciente –hasta la crisis de la convertibilidad–, como un limitante objetivo a las iniciativas para profundizar y sostener los procesos de redistribución del ingreso e industrialización.

En la Argentina los niveles de empleo no registrado evidenciaron una trayectoria creciente desde mediados de la década de 1970 hasta principios de los 2000. Durante tres décadas, entonces, el empleo asalariado informal trepó en forma prácticamente ininterrumpida 27 puntos porcentuales. Posteriormente, la dinámica de creación de puestos de trabajo formales y la mejora de los ingresos de los sectores populares asociada al nuevo patrón de crecimiento, iniciado luego de la crisis del paradigma neoliberal a fines de 2001, permitió quebrar la trayectoria ascendente de la informalidad laboral verificada por casi cuatro décadas.

Específicamente, a lo largo de la última década 6 de cada 10 trabajadores que se incorporaron a un empleo asalariado “registrado” provenían de una anterior inserción precaria, principalmente de un empleo asalariado “no registrado”. El resto de los nuevos trabajadores asalariados formales provino de la inactividad y del desempleo.

Desde 2004 y hasta mediados de 2014, la tasa de empleo no registrado retrocedió 16 puntos porcentuales, al pasar de 49,1% a 33,1%. Los niveles actuales representan, aproximadamente, a 4 millones de personas que son empleadas en condiciones informales.

Aunque la caída en el empleo no registrado fue generalizada, la heterogeneidad sectorial persiste y los sectores de alta informalidad continúan siendo los mismos que prevalecían en 2003. La informalidad se observa en todas las ramas de actividad y en todo tipo de establecimiento. (…) la incidencia del fenómeno se concentra en los pequeños y medianos establecimientos de cinco sectores: construcción, comercio, transporte, almacenaje y comunicaciones, hoteles y restaurantes e industria. A ese grupo se suma el trabajo doméstico, uno de los más arraigados bolsones de precariedad laboral. Esas actividades concentran alrededor del 70% del empleo no registrado en el país.

(…) existen ciertos segmentos en los cuales el fenómeno adquiere dimensiones relevantes, como es el caso de la industria de la indumentaria. También existen situaciones irregulares en diferentes dependencias estatales, ya sea a nivel ministerial como a escala municipal.

Finalmente, y aunque no es relevado por las encuestas de alcance urbano del INDEC, es posible afirmar que el ámbito rural encabeza todos los rankings de informalidad y precariedad laboral del país. Incluso se han detectado prácticas generalizadas de reducción a la servidumbre en explotaciones rurales, aún en el caso de firmas multinacionales.

El flamante “Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado” constituye una herramienta necesaria para hacer frente a una problemática multidimensional como la que venimos examinando. La iniciativa, que está basada en la lógica del “garrote y estímulo”, refuerza las competencias del Ministerio de Trabajo para facilitar la inspección y fiscalización en todo el territorio nacional; expone públicamente a quienes incumplen con la legislación laboral y otorga incentivos económicos (sin afectar derechos laborales) para que los pequeños empleadores regularicen la situación de sus trabajadores. Con esas herramientas, el Gobierno estimó que el empleo no registrado descenderá alrededor de 5 puntos porcentuales, para llegar al 28% a finales de 2016. El ambicioso objetivo requiere lograr la registración de 650 mil asalariados durante los próximos dos años.

Un abordaje integral, como el que se está poniendo en marcha, contempla no sólo las dimensiones económicas de la informalidad, sino también sus determinantes sociales, institucionales, legales y políticas.

En ese sentido, junto con el Plan Integral se destacan las nuevas legislaciones aprobadas para el trabajo en casas particulares y los trabajadores rurales, dos colectivos de trabajadores donde la ley ni siquiera les reconocía la totalidad de los derechos laborales.

(…)

Las nuevas herramientas –resistidas y cuestionadas desde el establishment empresario– son necesarias y apuntan en la dirección adecuada.

(…)

La “ausencia” coyuntural del crecimiento que predomina actualmente puede dejar en suspenso la eficacia del proyecto. Incluso no sería improbable que en el corto plazo se observe un incremento en los niveles de informalidad como “refugio”.

Previo al ballottage…una autocrítica descarnada

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 365, Noviembre 2015, pp. 3 y 5

Probablemente, cuando esta edición de nuestra revista llegue a su poder ya se habrá definido el triunfador en el ballottage. Podríamos haber esperado unos días más y razonar a partir del hecho consumado. Pero, ex profeso, deseamos opinar ante un evento que es de trascendental importancia para la Nación y hacerlo coherentemente y desde la ideología del desarrollo, con la que guardamos un compromiso histórico. No llegamos ayer y nos pusimos esa camiseta. Se trata de una circunstancia en que toca “quemar las naves” por esos valores; y en buena hora.

“A la hora de la verdad”, los objetivos de la política económica no pueden ignorar el marco en que deberán implementarse. Partir de una base con bajo endeudamiento externo, habiendo eludido la recesión y preservando el mercado interno, no es un activo menor. Pero, asimismo, el actual contexto internacional dista de ser alentador.

Para ser coherentes con nuestra praxis política, y a partir de una descarnada autocrítica, cualquiera sea el resultado del 22/11, no podemos ignorar tanto los cambios ocurridos en las condiciones objetivas –internas y externas– que se manifiestan en los fenómenos económicos como el mensaje político que la ciudadanía emitió en las urnas. Quien gobierne deberá asumir que sería fatal un retorno al esquema neoliberal partiendo de ideas vueltas anacrónicas por la realidad, al estilo de la devaluación y el ajuste, así como ignorando los impactos de las mutaciones en las finanzas globales.

Pero desde la vereda de enfrente también es preciso asumir novedades, como la drástica reducción en el superávit comercial que constituyó nuestra fuente principal de financiamiento externo, el estancamiento en el crecimiento industrial luego del auge 2003/11, la situación crítica en muchas economías regionales y la evidencia de que la relación con el Brasil cada vez despierta más dudas, entre otros asuntos a considerar. La realidad una vez más impone la necesidad tanto de una fértil autocrítica como de la actualización ideológica, y mostrarnos dispuestos al desafío de asumir los nuevos riesgos que la coyuntura impone.

Es en hacerse cargo de las nuevas condiciones externas e internas –cuya manifestación más evidente es el retorno de la restricción externa– recreando proyectos y alianzas estratégicas, donde el gobernante –en un permanente ejercicio de conocimiento, humildad y eficacia ejecutiva– deberá demostrar que está a la atura de las responsabilidades que la sociedad le asignó en la elecciones presidenciales. 

La encrucijada de América Latina

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 365, Noviembre 2015, pp. 5, 7 y 10

Las economías emergentes, caso de América Latina, están metidas en una situación delicada. Para ellas la desaceleración en el ritmo de crecimiento global, tendencia que ya lleva más de siete años, actualmente se traduce en el aplastamiento de la demanda y el derrumbe de los precios de las materias primas que integran su exportación tradicional. Los términos de intercambio, entonces, se ha tornado adversos. Este conjunto de factores deteriora la capacidad autónoma de acumulación.

En el caso argentino, como es sabido, a todo ello se suma el bajón provocado por la depresión brasileña sobre nuestras ventas externas de origen manufacturero, fenómeno que arrancó en 2012 pero que este año se vio agravado en el país vecino. Sin duda, lo que ocurre en el Brasil se proyecta hacia toda la región y constituye un factor explicativo relevante de la desaceleración en los niveles de actividad interna en los países latinoamericanos y, a su vez, ha sumado presión a la baja en el comercio intrarregional, particularmente en el Mercosur.

La región se encuentra en una situación delicada, destacando no solo el hecho de que el PIB regional caerá este año, sino además el retroceso por tercer año consecutivo de las exportaciones, evolución que sólo tiene un precedente en la gran depresión de los años ‘30.

En esta “tormenta perfecta” se combina el fin del auge en los mercados de materias primas, la desaceleración de China, la debilidad en la demanda originada en la zona del euro y los efectos de la natural pérdida de dinamismo que todo ello genera en la economía de la región, provocando una vuelta de tuerca adicional al conjunto de adversidades que se vienen acumulando. En esas condiciones, devaluar las monedas nacionales, por ejemplo, aporta poco o nada a la competitividad exportadora y agrava las tensiones internas de los países.

Movimientos colosales… China en transición

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 365, Noviembre 2015, pp. 10, 11 y 12

Las políticas monetarias expansivas, que sirvieron para salvar a los bancos en el centro del sistema, no han modificado la situación prevaleciente en el campo real de esas naciones. Como una consecuencia, se verifican excesos de capacidad productiva ociosa en varios sectores de la industria en el llamado “primer mundo”.

Lo que viene ocurriendo agudiza un fenómeno que se encuentra en el núcleo de la crisis que implosionó en 2008 y que aparece como un rasgo inherente a la globalización financiera que ha caracterizado al capitalismo en las últimas décadas: el desacoplamiento entre la expansión de los activos financieros internacionales y la economía real; mostrando una dinámica de crecimiento crecientemente autonomizada de la evolución del PIB, la inversión y las exportaciones. Y esa tendencia subsiste, agravada, en la actualidad.

En la última década América Latina intensificó su comercio con China, pero a partir de una creciente asimetría, y ello condujo a un déficit en la relación bilateral cada vez mayor, así como a la concentración de las exportaciones en una gama limitada de productos y solo por un puñado de empresas, sumado al problema derivado de la concentración de las ven-tas externas, en varios casos, en productos ambientalmente sensibles. Ahora, el Plan Quinquenal de China (2016-2020) proyecta un crecimiento anual promedio más reducido, del 5,9% en el PIB. El gigante asiático, entonces, planea crecer menos y decide sustituir más importaciones. Esta tendencia previsiblemente continuará acentuándose en el nuevo esquema de crecimiento, donde se le otorga mayor prioridad al incremento del mercado interno fundamentalmente a partir del consumo doméstico. Por ejemplo, la proporción del contenido importado en sus exportaciones industriales ya pasó del 75% a mediados de los años ‘90 al 35% en 2012. 

Vale decir que no solo persisten los factores que con-tribuyeron a la irrupción de la crisis 2008/2009, sino que las noticias del Asia no resultan demasiado alentadoras. A su vez, la acelerada dinámica financiera multiplica la inestabilidad asociada a desequilibrios en los sectores reales. A ello se suman fenómenos como la política de re-industrialización en los Estados Unidos, la ya mencionada mayor sustitución de importaciones en China y el estancamiento que se consolida en Europa. Y todo sucede en el marco de un acelerado proceso de innovación tecnológica que acentúa el rezago de las economías latinoamericanas, afectando todavía más su competitividad.

Para las economías emergentes, entre ellas las de América Latina, es difícil aumentar el nivel de sus exportaciones y la inversión cuando las grandes economías desarrolladas no expanden sus mercados internos. Asimismo persiste una situación de elevada liquidez y poca demanda efectiva, que determinan la vigencia de un escenario de estancamiento secular con importantes capacidades ociosas, a las que ya hemos hecho referencia. Por ejemplo se espera que la industria automotriz del Brasil reduzca su capacidad utilizada al 50% en 2016.

Fortalezas y debilidades de la economía argentina 2016

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 365, Noviembre 2015, pp. 12 y 13

En la Argentina la restricción externa se manifiesta precisamente en el agotamiento de los recursos originados en el superávit comercial; ello coloca en primer plano la necesidad de disponer los dólares necesarios para que el país pueda crecer en función de sus potencialidades. Para eso hace falta un programa coherente donde las decisiones inmediatas no se contradigan con los grandes objetivos a largo plazo y se garantice la persistencia de un mayor coeficiente de inversión compatible con las enunciadas vocaciones por el desarrollo que han manifestado los candidatos.

Si esto último requiere el acceso al ahorro externo, el Gobierno saliente deja tres elementos favorables:

• La economía interna, impulsada por el activismo del Estado, ha venido eludiendo la recesión y sostiene un nivel elevado de empleo, en consecuencia, aporta un mercado atractivo para el inversor.
• El nivel de endeudamiento es muy bajo y los movimientos de capitales están bajo control y por lo tanto no hay riesgo de default ni de movimientos desestabilizadores por parte de los flujos financieros de tipo especulativos.
• La economía argentina tiene problemas de liquidez pero no de solvencia y dispone de una cartera importante de proyectos viables, tanto en materia de infraestructura como para sustituir importaciones.
• Para lograr acceder al financiamiento de largo plazo necesario para materializar estos proyectos previamente hay que pasar por el logro de un acuerdo con los fondos buitres. Y luego copiar aquí entero el segundo párrafo de la página 13 que empieza con “Si, por el contrario, la Argentina hubiera optado por aceptar pasivamente las condicones leoninas impuestas…” hasta imprescindible que es la palabra con la que se cierra ese párrafo.

Cuáles serán los efectos de una devaluación

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 365, Noviembre 2015, pp. 13 y 14

Eliminar las normas que regulan el mercado cambiario es la principal –casi la única– propuesta en materia económica que ha explicitado la oposición de cara al ballottage. La idea de que el tipo oficial se acerque a los 15 pesos la unidad, convalidando el actual precio marginal, supone una devaluación del orden del 50%, cuyas consecuencias desestabilizadoras son obvias, por más que en el último tramo de la campaña se haya buscado ocultar los efectos negativos de una decisión de esta naturaleza, empezando por esconder a los economistas más radicalizadamente neoliberales y entusiastas defensores de una megadevaluación. 

Una vez más, los dirigentes de la alianza opositora eluden la verdad al afirmar que su propuesta no sería inflacionaria porque la mayoría de los precios supuestamente ya están remarcados según la cotización del mercado ilegal. Esta presunción no se confirma con los datos de la realidad, que indica que prácticamente la totalidad de las transacciones de comercio exterior, tanto de bienes y servicios como del resto de las operaciones de la cuenta corriente –pago de servicios de la deuda, turismo y viajes, entre otros– se realizan por el mercado oficial del dólar. Otro tanto ocurre con los movimientos de la cuenta capital, tal el caso de la toma de deuda como los aportes de capital del resto del mundo o las ventas en concepto de dólar “ahorro”. Por otro lado, la persistente desaceleración que exhiben los índices de precios al consumidor –registrada tanto por las mediciones oficiales como por las privadas– contrasta con el salto registrado en el mercado negro del dólar durante el período preelectoral.

Contrariando el planteo de que el ajuste cambiario no se trasladará a los precios porque “ya está descontado” en la inflación actual, los recientes reacomodamientos que se estarían verificando en mercados sensibles como el de la harina o los medicamentos, como forma de anticiparse a una eventual devaluación, son prueba elocuente de los inevitables impactos inflacionarios que acarrearía la liberalización cambiaria, con sus consecuentes efectos negativos sobre los ingresos fijos y los niveles de consumo interno, único sostén de la actividad.

La devaluación no solo afectará a los sectores de ingresos fijos; también se precisarán más pesos para pagar las importaciones de energía que realiza el Gobierno y atender los servicios por la deuda soberana en moneda extranjera. Asimismo impactará sobre los costos de insumos importados en las industrias básicas cuya ponderación, en promedio, supera al 65% en la siderurgia y el 80% en las petroquímicas; también será muy alto su impacto sobre el complejo industrial de Tierra del Fuego

Macri gana las elecciones

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 366, Enero 2016, pp. 6 y 7

La reaparición de la restricción externa, que en los últimos años se corporizó como el principal condicionante al funcionamiento de la economía argentina, no tuvo que ver entonces con problemas de insolvencia para enfrentar nuestros compromisos de deuda pública o privada (ambos en mínimos históricos) o con la huida de flujos financieros externos, sino esencialmente con la persistencia de fuertes desequilibrios en el entramado productivo. Las insuficiencias en la industrialización, que entre otros aspectos se manifiestan en elevados coeficientes de importación, así como el creciente déficit energético (hoy disimulado por el desplome en el precio del petróleo), constituyen el núcleo duro de los problemas del sector externo que enfrenta nuestro país. Quien asumiera la conducción de la Argentina a partir de diciembre de 2015 debía abordar estas cuestiones de naturaleza estructural. Y debía hacerlo buscando preservar el empleo y la demanda interna, único sostén del crecimiento en un contexto de baja en la demanda externa. Hilando un poco más fino, en realidad la Argentina necesita encontrar las fuentes que estimulen el crecimiento para lograr una tasa de expansión anual de la economía que permita aumentar el bienestar de la población. Condición que apenas intermitentemente se cumplió en el período 2012-2015.

El diagnóstico de la política económica que guió las decisiones del nuevo gobierno durante su primer mes de gestión no parece manifestar preocupación alguna por el nivel de crecimiento de la economía y tampoco se vislumbran apuestas certeras a los ejes que funcionarán como sostén del aumento de la producción. Con excepción, claro está, del efecto de las “hadas de la confianza” contentas por el levantamiento de las restricciones a la entrada y la salida de capitales y por la devaluación de la moneda, que mágicamente lograrán el inicio de un período de expansión económica.

De manera coherente con las ideas ya explicitadas a lo largo de su campaña electoral, la coalición de centro-derecha liderada por el Ing. Mauricio Macri reinstauró en pocas semanas un esquema económico de corte ortodoxo cuyas graves implicancias, de no mediar cambios, se irán manifestando en un futuro no tan lejano. En efecto, decisiones tales como las de desmantelar los controles al ingreso de capitales especulativos, desactivar una parte substancial de los mecanismos de administración de importaciones o disolver el ámbito de planificación y coordinación estratégica en materia de hidrocarburos, entre otras, previsiblemente acentuarán los problemas estructurales y abrirán nuevas fuentes de vulnerabilidad externa.

El retorno al endeudamiento

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 368, Mayo 2016, pp. 5

Mirado desde una perspectiva histórica, se advierte que el actual coeficiente de deuda, aproximadamente del 40,6% del PIB, es similar al que registraba nuestra economía en el año 1996. Es saludable recordar que en pocos años los problemas financieros de la Argentina se transformaron en serios problemas de insolvencia y de fuga de capitales, dos fenómenos que condujeron a la implosión del régimen de la convertibilidad en 2001. Estamos muy lejos de esas condiciones críticas. Sin embargo, las políticas que está desenvolviendo el Gobierno nos han sumergido velozmente en la lógica del endeudamiento que nos ha conducido cíclicamente a situaciones de crisis. No hay razones objetivas que permitan suponer que esta vez los resultados van a ser diferentes.

Bicentenario de la Independencia y Crisis Internacional

FIDE, Coyuntura y Desarrollo, nro. 369, Julio 2016, pp. 3

La Argentina festeja el bicentenario de su independencia en el marco de un nuevo Gobierno que encabeza un proyecto político restaurador del orden neoliberal. Ello ocurre en un contexto regional donde también se advierte el repliegue de los proyectos progresistas, de raíz popular, comprometidos con el desarrollo y la equidad. A nivel internacional se prolonga una crisis que no encuentra resolución dentro de la misma lógica neoliberal hegemónica que sembró las condiciones críticas que implosionaron en el centro del sistema ocho años atrás.

El devenir de los países subdesarrollados ha estado siempre fuertemente condicionado por las circunstancias imperantes en las economías centrales. Las tendencias predominantes a escala global resultan fundamentales para evaluar la viabilidad de los proyectos económicos que se desenvuelven en la periferia del sistema. Por ello es tan importante, a la hora de diseñar propuestas nacionales, disponer de un buen diagnóstico acerca de lo que ocurre en el contexto internacional.

Si analizamos desde esa perspectiva más amplia el futuro de la economía argentina, queda en evidencia que los tiempos de la historia no parecen estar del lado del gobierno de Mauricio Macri. Las intenciones de restablecer un modelo de especialización primaria (ahora remozado con la idea de transformarse en una “góndola de alimentos a nivel mundial”) desconocen el ciclo decreciente de la demanda global, la caída en los flujos de inversión directa hacia América Latina y la acentuación del deterioro en los términos del intercambio. Al mismo tiempo, las recetas de ajuste han venido achicando la vitalidad del mercado interno en nuestro país. En este contexto, el único vector consistente entre la dinámica mundial y la realidad argentina se reduce al rol del financiamiento especulativo internacional. Hemos bebido de estas mieles antes y conocemos sus resultados.