Sabina Frederic
“Una política de seguridad progresista no puede ignorar que el Estado neoliberal ha creado inmensas mayorías excluidas. Estos procesos en los que se pierden los trabajos, los ingresos, la tierra y se profundizan las desigualdades se traducen en demandas por más presencia policial y más represión. Las propuestas y líneas de trabajo superadoras demandan cambios normativos, institucionales y políticos.”
Sabina Frederic es antropóloga. Recibió su título de grado en la UBA, se doctoró en Antropología Social en la Universidad de Utrecht, de los Países Bajos, y tiene estudios de posdoctorado en la Escuela Normal Superior Laboratorio Maurice Halbwach, de Francia. Sabina es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Quilmes y se especializó en temas relacionados con las fuerzas armadas y de seguridad. En 2014 recibió el Primer Premio Nacional de Cultura, categoría ensayo antropológico, por “Las trampas del pasado. Las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático”, y en 2020 publicó por Siglo XXI “La Gendarmería desde Adentro. De Centinelas de la Patria al trabajo en barrios”. En resumidas cuentas, Sabina Frederic sabe de seguridad —una materia de la que todos hablan y pocos entienden— y ha tenido experiencia concreta como subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa, entre 2009 y 2011, en la gestión de Nilda Garré, y como ministra de Seguridad durante la primera mitad del gobierno de Alberto Fernández. FIDE tuvo la oportunidad de conversar con Sabina a propósito de la publicación de su último libro, “Lo que el progresismo no ve, cuando aborda la seguridad”, editado por Siglo XXI.
FIDE: Usted estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández. Previamente, en su práctica profesional y como investigadora, se dedicó a estudiar a la policía y a las Fuerzas Armadas. En base a su experiencia en la materia, ¿cuáles son las claves para entender los desafíos en materia de seguridad en la Argentina?
Sabina Frederic (SF): Un primer elemento que me parece imprescindible discutir es qué clase de régimen de Estado tenemos. Esto es relevante para avanzar en un diagnóstico en materia de seguridad, dado que el Estado neoliberal permea o trasvasa todos los gobiernos, incluidos aquellos que pueden ser catalogados como progresistas. La incapacidad o las limitaciones para alcanzar el bienestar de las mayorías a través de buenos salarios y beneficios que permiten que las y los trabajadores transiten su vida y las de su familia de forma digna, tiene como consecuencia una cantidad creciente la población que queda en circunstancias desfavorables, en los márgenes, excluida.
La retracción y la transformación del Estado de bienestar en el Estado neoliberal es un proceso que se ha extendido aún en aquellos países o regiones que fueron reconocidas por su capacidad para incrementar el bienestar de su población. En Europa algunos hablan de la combinación de un Estado penal con un Estado liberal y un residuo de Estado social. Esto es relevante porque la agenda de seguridad se alimenta de la securitización de las desigualdades de la pobreza y las conflictividades. Es decir, la agenda de seguridad se ha construido en la Argentina como el lugar en donde se depositan o se acumulan los emergentes de la desigualdad, la pobreza y la conflictividad asociada a este proceso de exclusión. Todo eso que se empuja a las márgenes, todo aquello de lo que no damos cuenta o que no queremos ver porque no sabemos cómo resolverlo, constituye la agenda de seguridad.
Para que se entienda el vínculo directo entre los problemas que genera el Estado neoliberal y la seguridad puedo poner como ejemplo la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La creación del ministerio respondió a dos hechos. En diciembre de 2010 se produjo la ocupación del Parque Indoamericano1 y la intervención de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal concluyó con la pérdida de vidas humanas. Unos meses antes, en octubre de ese mismo año, se había llevado a cabo el asesinato de Mariano Ferreyra, en el marco del conflicto de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. En esa coyuntura, CFK decide crear el Ministerio de Seguridad y nombrar a Nilda Garré como ministra. A partir de entonces, la agenda de seguridad fue creciendo y se ha convertido en una de las principales herramientas para gestionar los problemas en las poblaciones que habitan las márgenes de la sociedad. La seguridad en nuestro país lidia, fundamentalmente, con la exclusión y con los excluidos.
Previamente, Néstor Kirchner había duplicado la cantidad de gendarmes y ampliado significativamente su intervención territorial hacia las fronteras, Rosario, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, para resumir, frente al incremento de la población en situación de vulnerabilidad y exclusión, la respuesta del Estado ha sido también aumentar la cantidad de efectivos y la represión. En resumen, lo que sucede en materia de seguridad (o inseguridad) está relacionado con el proceso de las últimas décadas, en las cuales las familias, las y los trabajadores y los jóvenes han ido perdiendo empleo formal, ingresos, salario indirecto, conformando una proporción cada vez mayor de marginados.
FIDE: El Estado neoliberal se impone al de bienestar, se produce un proceso de exclusión social fruto de la falta de trabajo, la merma de los ingresos familiares y el aumento de las desigualdades y la respuesta en nuestro país ha sido incrementar la presencia policial y la represión, aun en gobiernos que pueden ser calificados como progresistas. ¿Qué estrategias u opciones de política se han despegado digamos, desde el regreso de la democracia, en materia de seguridad?
SF: El Estado Nacional tiene cuatro fuerzas federales: la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, que cuenta con la mayor cantidad de efectivos. En los últimos años, los gobiernos incrementaron notoriamente la cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad; en el caso particular de la Gendarmería, se multiplicó por dos. La policía de la Provincia de Buenos Aires también se duplicó, esta fuerza sumaba unos 54.000 efectivos en 2004 y hoy está en torno a los 100.000 policías. Este proceso se repite en casi todas las provincias argentinas. Nuestra respuesta a los problemas de seguridad causados por la falta de trabajo, la caída de los ingresos y el aumento de la desigualdad ha sido la saturación policial.
Hoy en la Argentina tenemos 600 efectivos por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendado por Naciones Unidas es 250 por cada 100.000 habitantes. En la Ciudad de Buenos Aires la proporción es aún mayor, de 1.100 efectivos por cada 100.000 habitantes. Entonces, en las últimas décadas nuestra respuesta a los problemas de seguridad ha sido duplicar o triplicar el número de policías o efectivos de las fuerzas de seguridad, es decir, aumentar la saturación e incrementar la represión. Y, sin embargo, las principales demandas siguen siendo —y fueron las que yo tuve cuando fui ministra— más efectivos y más represión. En este punto, el origen de los conflictos e, incluso, el signo político del gobierno y/o de los gobernadores no importa, casi todos piden los mismo: Gendarmería.
Me gustaría traer un solo número para dar cuenta del aumento de la población en estado de vulnerabilidad. Durante la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (el IFE) fue solicitado por más de 13 millones de personas. Luego, con algunos filtros, hubo 9,5 millones de personas que obtuvieron el beneficio. Es un número enorme en comparación con la población total de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de precarización y marginalidad no estamos hablando de un fenómeno menor, sino todo lo contrario. Podríamos aventurar que ese crecimiento geométrico de los efectivos policiales a nivel federal y provincial es consecuencia del incremento de la población que vive en la informalidad y/o la ilegalidad.
FIDE: La demanda en favor del aumento de efectivos está clara. En cuanto a la demanda por más represión por parte del Estado, ¿frente a qué circunstancias o episo-dios se incrementa la demanda por más represión?
SF: Los dos conflictos que han generado mayor demanda de represión durante mi gestión estuvieron relacionados con los cortes o amenazas de cortes en el transporte público, en particular los cortes regulares que se producían en los trenes por parte de los trabajadores tercerizados y con la disputa por la tierra, en particular en torno al caso de los mapuches2, en el sur del país.
En el caso de los cortes al servicio de transporte, se pueden ver los efectos, las consecuencias del Estado neoliberal. Las y los trabajadores tercerizados son un resultado de las políticas de precarización laboral implementadas en los años ‘90, durante la gestión de Carlos Menem, que no cesaron posteriormente. Se trata de un asunto que no se pudo resolver o que no pudo abordarse por completo o que se resolvía para una parte de los trabajadores, pero luego se replicaba con otro tipo de trabajadores, por ejemplo, aquellos a cargo de las tareas de limpieza en los ferrocarriles. Como dijimos, ya en el gobierno de CFK se produce el dramático episodio que termina con el homicidio de Mariano Ferreyra y cuyos protagonistas eran los trabajadores precarizados del Ferrocarril Roca que demandaban el pase a planta permanente3. Se trata de trabajadores que muchas veces tienen las mismas tareas que los que están en relación de dependencia y que tienen menos ingresos y beneficios, y a las que se suman condiciones muchas veces inexplicables de desvalorización de sus tareas como, por ejemplo, falta de lugares donde cambiarse la ropa.
El segundo tipo de conflictos que aumentó la demanda de represión fue el de las comunidades de mapuches que también recordarán que, en un primer momento, estaba concentrado en la comunidad del Lago Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro. Esos conflictos por la tierra en esa provincia son consecuencia de decisiones que ha tomado el gobierno provincial a través de un proceso pseudolegal impulsado por la Dirección de Tierras de la provincia, mediante el cual se avanza con la expropiación de tierras fiscales entre 2005 y 2012, que eran territorios ancestrales de los pueblos originarios y criollos, para transferirlos a manos privadas. Este proceso fue tan conflictivo y desatinado que se generó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro para estudiar los mecanismos a través de los cuales se produjo la expropiación de esas casi 500.000 hectáreas de tierras fiscales. Simultáneamente, para atender ese y otros conflictos de las comunidades originarias de la Argentina en su reclamo por la tierra, en el año 2006 Néstor Kirchner promueve la aprobación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que frena los desalojos. Pero esa ley nacional poco cambió el estado de cosas en una provincia como la de Río Negro, que no solo no la cumplió, sino que venía profundizando el problema a través de aquellos mecanismos pseudolegales. El fenómeno en este sitio fue que las comunidades desplazadas que se habían instalado en el alto Bariloche, expropiadas de sus tierras ancestrales, comienzan a agruparse para luchar por la recuperación y la identificación indígena. La muerte de Rafael Nahuel4 a manos de las fuerzas de seguridad durante la primera gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el gobierno de Macri es una de las consecuencias de esta decisión en torno a la tierra de los pueblos originarios.
En ese proceso podemos ver, otra vez, cómo el neoliberalismo va generando desplazados que se acumulan en las zonas más pobres del país. Y luego se instalan conflictos de todo tipo en torno a estas exclusiones que se securitizan. Durante el gobierno de Alberto Fernández en nuestra gestión sostuvimos una mesa de resolución alternativa de conflictos con toda la prensa hegemónica en contra y otros actores que operaron más o menos en la sombra. Ese instrumento de diálogo y negociación frenó los desalojos y la violencia de Estado. Con nuestra salida del Ministerio de Seguridad, se desactivó la mesa de diálogo y al año, bajo la conducción de Aníbal Fernández, las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche del Lago Mascardi. Esto derivó en un escándalo cuando cinco mujeres de la comunidad fueron detenidas y trasladadas de Bariloche a la cárcel de Ezeiza, por orden judicial. Como se ve, se trata de conflictos que son de larga duración donde la privación de derechos laborales o al hábitat está siempre al servicio de intereses extractivistas o rentistas.
FIDE: Para completar el diagnóstico, ¿tenemos datos que nos ayuden a entender lo que está pasando en materia de seguridad/inseguridad en la Argentina?
SF: Sin duda los datos son un elemento imprescindible para generar un diagnóstico acertado en materia de seguridad. Necesitamos datos duros, objetivos y legítimos para evaluar las políticas y las gestiones. Sin embargo, casi el único dato que tenemos que cumple con estos requisitos es la tasa de homicidios.
En la Argentina los homicidios están a la baja hace 10 años. Teníamos, aproximadamente, una relación de 8 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2014 y hoy estamos en 4, salvo Rosario, ciudad en la que esa relación ha sido bastante más elevada. Es decir, la Argentina es un país donde la violencia letal no es muy alta, lo cual no quiere decir que no haya delitos, muchos de ellos con gran violencia, inseguridad e incluso episodios de terror en la población por casos puntuales que generan gran conmoción por sus características hiperviolentas y deshumanizantes. Pero como no tenemos buenos datos sobre otros hechos delictivos que sean objetivos y estén legitimados, nos cuesta generar un diagnóstico certero que de cuenta de todos los delitos, su interacción y la situación general de la seguridad, que es una suma de todo lo que pasa en el territorio.
Hay otros datos de buena calidad. Los hay, por ejemplo, en la Procuración de Lucha contra el Narcotráfico, que depende del Ministerio Público Fiscal. Ellos tienen datos interesantes sobre las causas que se inician por delitos a la Ley de Drogas. La provincia de Buenos Aires también tiene buenos datos, pero lo que no tenemos es un corpus de datos, relacionados entre sí, que sea reconocido por decisores políticos, expertos y académicos para la evaluación y el diseño de políticas y en torno a los cuales se construya una legitimidad social más amplia.
FIDE: Además de los datos, ¿qué otros elementos serían necesarios para articular una agenda efectiva en materia de seguridad?
SF: La seguridad es un campo de saberes del sentido común donde, por definición, cualquiera puede hablar. Para poner un ejemplo, más allá de que todo lo relacionado con la pandemia ha quedado en un lugar que creo que deberíamos revisitar y resignificar, durante la primera etapa del COVID el Ejecutivo tuvo la sabiduría de montar un comité de expertos y expertas, de científicas y científicos. Esa decisión fue muy importante porque se logró que gran parte de la discusión fuera técnico-científica. Incluso en los medios de comunicación se convocaba médicas y médicos para consultarlos, se valoraba el conocimiento en un tema crítico para la sociedad.
En los temas vinculados con la seguridad eso no ocurre; entonces se torna un terreno hipercontestable, de controversias y polarizaciones. Y por contestable entiendo una situación en la que cualquiera puede decir cualquier cosa y donde priman las figuras rimbombantes y performáticas. Se trata de personas con cierta capacidad histriónica para instalarse en el ámbito público. Estas figuras son, desde mi punto de vista, una suerte de síntoma de la impotencia del Estado para resolver algunos problemas. Son figuras que dicen saber, que tranquilizan, que se convierten en referentes y que convierten ‘su ley’ en ‘la ley’, aunque esta ley no sea la verdadera. Estas figuras tranquilizan, desvían el problema y hacen de pararrayos. “Se llevan la marca”, como se dice en política. Entonces estos ámbitos poco profesionales y estas figuras funcionan, cumplen un rol, pero no resuelven los problemas y muchas veces solo conforman un espectáculo en torno a la inseguridad.
En paralelo, y para no plantear un escenario naif, por supuesto la cuestión de la seguridad y la inseguridad está alimentada por los negocios espurios, por el involucramiento de las fuerzas de seguridad, las ‘cajas’, las ‘valijas’ que circulan, la publicidad de empresas de seguridad, de abogados penalistas… hay todo un universo que se articula en torno al funcionamiento mediático de la seguridad. Esto incluye también otras herramientas que, por supuesto, son útiles, como las cámaras de seguridad, sean éstas públicas o privadas. Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes, que generan un circuito y que explican también el notable crecimiento de la seguridad privada donde, por otra parte, los dueños y gerentes son excomisarios. Es un circuito con muchos elementos que se retroalimentan, pero que está lejos de resolver los problemas e, incluso, dificulta una discusión seria, de fondo y técnica sobre los problemas de inseguridad y los delitos.
También debemos tener claro que tanto los jóvenes que cometen delitos menores como algunos efectivos de las fuerzas tienen estímulos concretos para sumarse a las bandas que llevan adelante los delitos más complejos. Hay un trabajo muy bueno de Eugenia Cozzi, que se llama “De ladrones a narcos: violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento”, que muestra cómo las bandas en Rosario pasaron de negociar con la policía a trabajar con la policía. Es ahí cuando se perdió la autoridad y el control sobre el territorio. Y, por supuesto, está el tema importantísimo de los fondos, los enormes ingresos que genera el narco y se introducen en el circuito formal en esa ciudad, a través de las actividades de lavado llevadas adelante por una gran cantidad de personas y empresas.
Otro elemento o clave para ir pensando una agenda efectiva en materia de seguridad refiere al área de investigación o inteligencia criminal, que es, de alguna manera, la contracara de la saturación policial. Hoy la única herramienta que utilizamos, o la más importante, la que más financia el Estado, es la saturación policial, movilización masiva de efectivos. Esto puede resultar útil para disuadir en algunas zonas o para controlar el delito predatorio callejero, pero no alcanza y no sirve para combatir los delitos más importantes, los más sofisticados.
Durante nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad avanzamos en torno a la idea de fortalecer la capacitación para promover las tareas de investigación criminal. Para nosotros era muy importante fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad para intervenir en las investigaciones criminales, es decir, en el marco de causas. En esas causas, en esas investigaciones, también es fundamental el trabajo con otras áreas del Estado: la AFIP (hoy ARCA), la Aduana, entre muchas otras dependencias que tienen información muy valiosa. Son sinergias imprescindibles para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de personas, entre otros. También se manifiesta un grado elevado de desarticulación con el Poder Judicial entre los niveles provinciales y federales y entre agencias civiles y agencias policiales —por ejemplo, la ANAC— y el recelo por compartir la información resulta en enormes escollos en el combate de los delitos más grandes y complejos. Hay casos emblemáticos, como son los vuelos irregulares desde Uruguay con drogas que ingresan al territorio argentino.
En este aspecto, la relación entre agencias estatales presenta una gran laguna, producto de conflictos interinstitucionales que disminuyen significativamente la eficacia de las acciones en materia de seguridad. Navegamos a tientas allí donde se requeriría mucha más inversión pública y más articulación.
Por último, hay una obligación legal de los servicios penitenciarios para que los presos, luego de cumplida su pena, puedan tener condiciones para reinsertarse en la vida y alejarse del delito. Se hace muy pero muy poco en esta materia. No hay educación garantizada en las cárceles, tampoco hay capacitación y tampoco trabajos, aun cuando la ley del servicio penitenciario así lo indica. Los programas que sí funcionaron que ofrecían salidas laborales concretas fueron diseñados e implementados —exitosamente— por cooperativas de liberados. Pero en este contexto de recortes presupuestarios y demonización de la tarea comunitaria y cooperativa, dudo que este tipo de programas pueda subsistir.
FIDE: ¿Qué opinión le merece la gestión en materia de seguridad del actual Gobierno?
SF: Aporto algunos datos para encarar la respuesta. Las cifras indican que durante 2024 el 10% de los asesinatos se produjo en ocasión de robo, el 56% está asociado a los mercados ilegales y el 30% ocurrió puertas adentro de los domicilios, es decir, producto de conflictos intrafamiliares. Entonces, cuando el Gobierno nacional plantea un proyecto de ley para modificar el régimen de portación de armas, para flexibilizar las condiciones de tenencia y portación, puede estar en forma indirecta promoviendo desenlaces fatales en el marco de los conflictos entre las personas, en las familias que explican nada más y nada menos que el 30% de los asesinatos. Lo que se observa, entonces, es una dinámica de instalar slogans y promover iniciativas que no van a resolver los problemas de fondo y que, quizás, los incrementen.
Por otro lado, poner a las fuerzas federales a reprimir sistemáticamente las manifestaciones pacíficas en torno a demandas legítimas, más allá de que el Gobierno no las comparta, es algo que no pasó nunca con la intensidad que ha desplegado este Gobierno, bajo la conducción de Bullrich. El único antecedente proviene de 2017, durante la gestión de Macri, y también fue en una marcha de los jubilados… y Bullrich también era ministra.
Han decidido desplegar a las cuatro fuerzas federales cada vez que se trata una ley importante o que se produce una concentración de personas. Eso es totalmente extraordinario y, francamente, pegarles a los jubilados es también denigrante para muchos de ellos. Esos trabajadores y trabajadoras también tienen que volver a sus casas, a sus barrios, no es fácil para ellos y ellas. Debe haber habido tensiones al interior de la fuerza por este despliegue sistemático, donde hemos tenido episodios como el gaseo de una niña en una manifestación5. Ese video fue enviado a la prensa por el jefe de la Policía Federal. Eso demuestra que hubo tensión hacia adentro de la fuerza; el Gobierno tiene un problema porque está poniendo a las fuerzas de seguridad en contra de la gente, una vez más.
Como vimos, las cifras indican que el peso de los conflictos entre personas, en las familias, es elevado. Y estos fenómenos han venido creciendo y también son el producto de tensiones provocadas por las dificultades económicas, entre muchas otras, por supuesto. Pero se ven conflictos muy severos, con desenlaces dramáticos, donde se pierden vidas. Eso evidencia también la falta de mecanismos y de instancias de negociación en los barrios, en las escuelas y otras instituciones que están en el territorio para que los problemas puedan canalizarse sin llegar a la violencia. Ahí también se ve cómo la desarticulación de los lazos sociales y de los espacios comunitarios es un camino fallido, que nos aleja de las soluciones.
FIDE: En este contexto, y volviendo a las propuestas, ¿cuáles serían los elementos para pensar políticas de seguridad desde una perspectiva progresista?
SF: Los márgenes de maniobra de una política de seguridad progresista son extremadamente estrechos y contrarios al pulso electoral. Todos los expertos en temas electorales, incluidos los que asesoran a las fuerzas nacionales y populares, indican que hay que inclinar el discurso en favor de lo que se conoce como “mano dura”. Mi opinión, sin embargo, es que podemos expandir ese angosto desfiladero de políticas de seguridad más allá de las mayorías, pero requiere cambios, institucionales y legislativos para poder atacar los delitos sostenidos en organizaciones más complejas con mayor connivencia de agentes estatales.
El primero de estos cambios está relacionado con el negocio clandestino de las drogas y la discusión en torno a su legalización. El crecimiento de la tasa de la población carcelaria en la Argentina nos permite explicar el problema. En 2003 teníamos 125 detenidos cada 100.000 habitantes en todo el sistema carcelario federal y provincial. Hoy tenemos 250. Este crecimiento se produjo durante gobiernos de distinto signo político. Esto es importante porque desecha la idea de que hubo “mano blanda” durante los gobiernos progresistas de las últimas décadas.
Paralelamente, la mayor parte de la población carcelaria son varones, pero hay una proporción creciente de mujeres. Para explicar estos datos y su trayectoria es importante trabajar sobre la ley de drogas vigente que se aprobó en 1989, es decir, una ley que ya tiene más de 30 años y que solo ha logrado aumentar la población carcelaria, en particular entre las poblaciones más empobrecidas, pero que no ha sido efectiva para mejorar la salud de la población o controlar las adicciones, los consumos problemáticos y mucho menos para reducir el mercado.
En estos temas, como ya dijimos, el diálogo inter-institucional es fundamental porque hoy problemas de salud, de cuidado, de falta de recursos, de deserción estudiantil… son problemas que no se resuelven hostigando a los pobres y tampoco se resuelven con saturación policial. El sistema de atención de personas con problemas de adicción en nuestro país es un desastre, no hay servicio psiquiátrico público de emergencia, la mayor parte de los jóvenes que delinquen en las barriadas son adictos, con frecuencia con altos niveles de violencia. Como no hay otras respuestas, la responsabilidad sobre estos chicos recae en la policía. Entonces, creo que hay que pensar en una modificación de esa ley, que despenalice el consumo y que regule la comercialización. Este planteo, como mínimo, tenemos que pensarlo y ver otras experiencias al respecto; hay más policías, hay más gente en la cárcel (en ambos casos, en relación con la población total) y no hemos tenido buenos resultados. Por supuesto, también hay que tener en claro que un mundo sin drogas no existe.
Otro problema al que nos tenemos que abocar es el de los conflictos entre jurisdicciones. El Estado nacional perdió mucha capacidad y perdió jurisdicción, casi no hay jurisdicción federal. La Nación tiene jurisdicción solo sobre las rutas, las fronteras, pero hemos perdido capacidad para decidir adónde desplazar las fuerzas de seguridad federales y hay un tire y afloje permanente y poco productivo con las provincias. La Ley de Seguridad Interior es de 1992 y creó el sistema de seguridad tal cual lo conocemos hoy y, a su vez, dio origen al Consejo Federal de Seguridad Interior, en el que se reúnen todos los ministros y ministras de Seguridad. Pero esa instancia solo funciona para tareas de coordinación; no hay verdadero poder de decisión, el ministro o la ministra encargada de la seguridad nacional no tiene poder de decisión en ese Consejo. Tampoco hay un registro ni sistematización de causas judiciales concluidas para análisis ex post en el Ministerio de Seguridad. Tampoco existe un espacio donde se pueda tener conocimiento en tiempo real de todos los delitos que ocurren en la Argentina, cada municipio tiene sus mapas de delitos, cada provincia los suyos, pero no tenemos un mapa de delito nacional; entonces caminamos a ciegas, a tientas, con información parcial en delitos muy complejos y que se interrelacionan entre sí.
Durante nuestra gestión hicimos algunos entrecruza-mientos de información con las 300 causas de los juzgados federales en Rosario y en el análisis de inteligencia criminal descubrimos que no había dos bandas, Los Monos y Los Alvarado: eran más o menos unos 100 clanes familiares que, además, tienen muchas vinculaciones entre sí. En estas causas había mucha información repetida y nadie la había cruzado ni sistematizado. Cuando ofrecimos esta información, la respuesta fue que necesitaban más presencia policial. Lógico, porque como ya dijimos ahí está la demanda de la población y eso suma en los discursos políticos, pero no ayuda a tener la información y las estrategias necesarias para combatir verdaderamente el delito.
También hay que reforzar la cooperación en materia de seguridad con los países limítrofes, porque esa cooperación solo existe sobre la base de vínculos personales entre gendarmes, prefectos o policías federales que desempeñaron tareas de representación en los países vecinos o cursos, y entonces desarrollaron una red profesional y personal. La cooperación policial que tenemos en la región es esta, está anclada en relaciones personales. Por supuesto, hay una serie de organismos, AMERIPOL, que es la comunidad de policías de América, pero que otra vez es como un club: no funciona como una plataforma para intercambiar institucionalmente información sensible y acordar estrategias conjuntas. Luego está la EUROPOL, en la Unión Europea, que ofrece su experiencia en la construcción de la policía transfronteriza, pero que poco tiene que ver con nuestros problemas y que no ha servido para la articulación regional. Entre otras reformas que deberían haber sucedido en el marco de la nueva Policía Federal Argentina, está la creación de una Agencia Federal de Investigaciones, que debería estar orientada a pensar estos asuntos en lugar de repetir lo que ya hacen otras instituciones como la Gendarmería, la Prefectura o inclusive la Policía de la Ciudad.
FIDE: Para concluir, ¿cómo podemos pensar a las fuerzas de seguridad en una clave positiva, como parte de esta agenda en favor de la seguridad?
SF: El escenario que se viene va a ser seguramente de agudización de los conflictos y hay que tener claro que no hay política progresista de seguridad sin mecanismos que protegen y amplían derechos a condiciones y regímenes de trabajo dignos, a la actualización permanente de su especialización y adiestramiento, a la equidad en materia de género, entre otros, de los y las integrantes de la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen prohibida la sindicalización y eso incrementa la responsabilidad de la conducción política para velar por las condiciones de trabajo y de los derechos laborales. Nosotros creamos el Ministerio, una Subsecretaría de derechos, bienestar y género y un Consejo Asesor de Bienestar de las Fuerzas Federales. La sindicalización es un debate pendiente en la región, solamente Uruguay tiene sindicalizada la Policía, como en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Allí hay sindicato, sin derecho a huelga.
También es importante notar el desafío que significó para las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas llevar adelante un nuevo rol. El ejemplo de la pandemia, una vez más, es categórico. El aporte que realizaron las fuerzas federales a través del despliegue en el marco de la normativa que impedía la circulación y determinaba una parte de la población como trabajadoras y trabajadores esenciales y, por lo tanto, con permiso a circular, fue muy importante. Era una normativa compleja, que había que implementar en tiempo real, el riesgo era muy elevado y no tuvimos ningún episodio violento, ninguno. En algunas provincias hubo dificultades con las fuerzas provinciales, pero en el caso de las federales el desempeño y el aporte fue muy importante y con muy buenos resultados. Por supuesto, la supervisión por parte de las y los funcionarios civiles del Ministerio fue clave en este desempeño. Ahora parece alejado, casi como si fuesen imágenes de una película, pero esos agentes, hombres y mujeres, que estaban en la calle, estaban con alto riesgo de contagiarse y luego eran rechazados en sus casas… fueron tiempos muy difíciles.
Para terminar, yo diría que hay que redirigir la inercia del Estado. No concibo un gobierno progresista que reproduzca el asedio a la población de las barriadas populares y el incremento de la población carcelaria. El resultado de estas prácticas es más causas en flagrancia y por tanto más gente presa por delitos menores y menos capacidad para desalentar el funcionamiento de los delitos complejos. La enorme impotencia y frustración que esto genera en las fuerzas de seguridad estimula la desazón y luego la falta de compromiso y el mal desempeño. El 36% de las causas por delito de drogas es por consumo. Es un dispendio de recursos públicos. Los datos también indican que en algunas provincias hay un incremento en los últimos años de los homicidios cometidos por la policía.
Hay mucho por hacer. Pero se requiere un acuerdo político profundo para poner a la seguridad en un lugar de saber, de cuidado, de conocimiento e investigación y no solo en el lugar de la represión o la persecución de la gestión de población más vulnerable.
