Revista FIDE n°419
Cuando la política claudica
Uno de los ejes centrales que decanta el enriquecedor diálogo mantenido con Ignacio Ramírez, que se presenta en esta edición de la Revista, en la sección Diálogos, se refiere a la responsabilidad de la clase dirigente (toda) para, entre otras cosas, “construir un escudo que permita proteger los derechos, rechazar agresiones, insultos, despidos…cosas reales y crueles” que provoca el Gobierno autopercibido libertario de Javier Milei.
Si miramos en perspectiva lo ocurrido a lo largo de los primeros nueve meses de la gestión Milei, advertimos que ese no ha sido precisamente el atributo predominante en la dinámica política. Particularmente la que ha primado en el Congreso de la Nación, que ha sido un ámbito central en la legitimación de políticas de la más rancia naturaleza neoliberal-conservadora impulsadas por el Gobierno. A pesar de disponer de una escasa representación legislativa, denostar el rol de las y los legisladores y abjurar del más mínimo diálogo político, el oficialismo ha logrado sancionar leyes que recortan derechos, habilitan el desmantelamiento de instituciones y capacidades laborales, tecnológicas y productivas y profundizan las condiciones de desigualdad.
Un ejemplo relevante de este avance de la lógica del libre mercado —que marcha a total contrapelo de las estrategias de autonomía estratégica y nuevas cadenas predominantes a escala global— es el Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI), que contó con el apoyo de una parte importante de la oposición y el respaldo tácito de representaciones empresarias y sindicales. Se convalidó sin ninguna modificación relevante una ley que promueve explícitamente la desindustrialización, el extractivismo, la agudización de la restricción externa y la entrega de soberanía en sentido amplio. El RIGI provocará nuevos y acentuará viejos problemas estructurales. Será, además, una circunstancia o antecedente ineludible para pensar una propuesta que busque retomar la agenda del desarrollo.
Ciertamente más impúdica ha sido la expresión de degradación política que supuso la ratificación parlamentaria del veto presidencial a una ley votada por los dos tercios de la Cámara de Diputados y que buscaba reparar la pérdida impuesta por un decreto presidencial al universo de las y los jubilados. Se asistió a una situación donde, con un nuevo despliegue represivo sobre la protesta social puertas afuera del Congreso Nacional, varios de los mismos legisladores que habían impulsado el proyecto de ley habilitaron, sin solución de continuidad, su veto. No es un dato menor señalar que el costo fiscal de la ley vetada era inferior a los recursos que el Gobierno optó por resignar en los recortes tributarios concedidos a los sectores de mayores ingresos.
Esta claudicación política que, ya sea por oportunismo, prebendas o favores, exhibe una parte de la dirigencia cuyos representadas y representados están siendo seriamente agraviados por las políticas oficiales, no estaría tomando nota de las fisuras que ya se advierten en el respaldo acrítico que una parte mayoritaria de la población había depositado en el Gobierno. El persistente deterioro en la capacidad de compra de los hogares, la pérdida creciente de puestos de trabajo, una recesión sin horizonte a la vista de salida sostenible, son situaciones que más pronto que tarde terminarán erosionando la esperanza que había logrado catalizar Milei.
El malestar social que contribuyó a su triunfo encuentra razones para potenciarse. Como nos propone Ignacio Ramírez, “… hay que discutir el sentido de ese malestar, la conducción de ese malestar y la gestión política de ese malestar”.
La construcción política en condiciones de tomar esa posta todavía está vacante.
